La semana pasada, tras 40 horas de sesión en la Cámara de Diputados, se aprobó un Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2023 que nos costará mucho más caro en años de desarrollo perdido y pobreza creciente.
Durante esa larga jornada, una de las consignas que la oposición resaltó en todo momento fue: ¡el INE no se toca!, porque es el caso más representativo de la inequidad presupuestal; objeto, además, de una propuesta de reforma para socavar, con modificaciones sustancialmente debilitantes, la capacidad del Instituto Nacional Electoral para organizar elecciones.
Si bien es necesario -en efecto- recortar gastos en el INE, esto se debe hacer tras un gran análisis, puesto que la sociedad civil demostró, sin lugar a duda el pasado domingo, que está profundamente involucrada con el manejo y destino del Instituto Nacional Electoral, por tanto, comprometida con la democracia.
En 2023 el dinero de los mexicanos será gastado, principalmente, en pagar la mayor deuda de la historia de México, la burocracia más cara que hayamos tenido, tres megaobras insignia inoperantes y programas sociales restringidos a la entrega directa de recursos a los ciudadanos, clientelares y poco efectivos en su capacidad de promover una mejoría real en la economía de las familias mexicanas.
La infraestructura para el desarrollo y la productividad agropecuaria e industrial en los estados y municipios sacaron la peor parte. Muy mal le fue también a la educación, la salud, la cultura y el deporte. Aún peor a las mujeres, niñas y niños en estado de vulnerabilidad por pobreza y/o violencia doméstica.
El desarrollo de México pende hoy de alfileres, porque incluso este inequitativo gasto estará sujeto a que la economía mexicana crezca tres por ciento, según el cálculo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1.4 por ciento más de lo calculado por el Banco de México y 1.8 por arriba de lo estimado por el Fondo Monetario Internacional.
De no cumplirse esta expectativa gubernamental deberán hacerse correcciones al gasto, es decir, recortes, y no podemos esperar que se efectúen en los cuatro grandes rubros antes mencionados.
La experiencia de este año nos indica que se acortarán aún más los recursos ya castigados: educación y salud, esenciales para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos los mexicanos pero, sobre todo, de la creciente cifra de los que están en pobreza.
La fortaleza de un Estado de Derecho democrático y federal, como el mexicano, depende en gran parte de la forma en que se recauda y se gasta el dinero de los ciudadanos. Hoy, en ambos casos, la visión del Gobierno está ahondando la injusticia social, con una política presupuestal que lejos de resolver nuestros problemas los agudiza.
