Aún siglos después de Hobbes, la seguridad sigue siendo uno de los motores que legitiman la existencia de un Estado. Es en este sentido que el “Índice de Estados Fallidos” considera la criminalización y deslegitimización del Estado como uno de los indicadores de un “Estado Fallido”.
México no es un Estado Fallido, pero la situación de la seguridad y la justicia en el país es alarmante. La incapacidad del Estado para garantizar la seguridad a sus ciudadanos ha desembocado en el relevo de sus funciones, en este, su pilar fundacional. Las comunidades que en Guerrero y en muchas otras áreas del país han decidido tomar la seguridad en sus propias manos no solo son una amenaza para la población en general sino una grave afrenta a la concepción misma del Estado. Para Max Weber el Estado es el portador del monopolio del uso legítimo de la violencia; la proliferación de otro portador legítimo de la violencia es un ataque directo al Estado.
El presidente EPN ha demostrado un especial interés en las formas y lo símbolos desde que tomó el cargo. En ese sentido permitir la proliferación de grupos civiles armados y de una “justicia” paralela a la estatal sería un contrasentido y un grave error. Los comités de autodefensa de Guerrero ya han demostrado ser una amenaza para la población. El modelo puede replicarse llevando primero a la deslegitimización del Estado y finalmente a la pérdida de control sobre su territorio.
Es normal que un extracto de la población vea con buenos ojos la proliferación de este tipo de grupos. El Estado ha sido tan incapaz de brindar seguridad que una parte de la población traslada la legitimidad de la violencia a grupos civiles sin darse cuenta del peligro que esto significa. El asunto requiere por ello una solución urgente de parte del gobierno. México no será un Estado Fallido pero aparece como un Estado débil. Esto mismo se reflejó en el lento esclarecimiento de lo sucedido en la torre de Pemex.
La seguridad en México no solo se maneja bajo las leyes de la corrupción, la desinformación y la inoperancia, sino que en simples aspectos formales se muestra incompetente. El mismo encargado de la PGR, Murillo Karam, se mostró incierto del nombre de los explosivos “supersónicos” que descarta existieron en el accidente en Pemex. Lo cierto es que en un momento en que la nación pedía certidumbre, él pide “que alguien lo corrija” si se equivoca de denominación.
Cuando la incompetencia no es la orden del día lo es el cinismo, como el del alcalde de Acapulco que responde ante la violencia justificándola porque “pasa en todo el mundo.”
El tema de fondo es la incapacidad del Estado por brindar la seguridad a su población. No está mal que EPN quiera cambiar el discurso bélico que caracterizó al sexenio calderonista. Pero cambiar la retórica no significa acabar con el problema. Ahora, además de la afrenta del crimen organizado, el Estado tendrá que mostrar que es capaz de brindar seguridad y justicia a las comunidades que hartas de la inseguridad han decidido apoderarse del uso “legítimo” de la violencia.
