Arrancó con la concentración del proceso de deuda pública y avanza de manera firme con la desaparición de facultades estatales en materia tributaria, de policía y procesos electorales. Gradualmente la “soberanía estatal” se convierte en un concepto sin contenido y los municipios son asimilados como subdirecciones en alguna dependencia federal.
En ningún país los procesos de apertura se han traducido en baja de precios o tarifas, sino que sólo han servido para modificar los balances que manipulan los recursos naturales, generalmente introduciendo a grandes corporativos internacionales. En nuestro caso serán empresas casi quebradas que huyen de sus hundidas matrices.
A diferencia de nuestro vecino del norte, que construyó un emporio industrial a partir de monopolios y decidió romperlos aplicando una férrea política proteccionista que conservó para sus ciudadanos el control de las entidades estratégicas, los legisladores mexicanos, incluidos los de izquierda, prefieren entregar a ciegas nuestras empresas clave a extranjeros, que dejarlas en manos de aquellos a los que llaman “poderes fácticos”.
El motivo está en la víscera y no en la razón, ya que todo es una revancha post electoral, ya que tanto azules como amarillos, imputan a los medios masivos de comunicación su derrota electoral. En la farragosa reforma que llevaron al cabo, no resulta el consumidor el eje de preocupación, sino el restar poder efectivo a ciertos formadores de opinión.
En el fondo está el abaratamiento de la propaganda electoral y el mensaje que destaca el alto costo que paga quien no sirve al veleidoso capricho de las dirigencias partidarias. El tiempo dejará claro que sólo es un acomodo de ganancias, que nada tiene que ver con los consumidores.
Lo cierto es que no era preciso tocar ningún precepto constitucional para tomar las decisiones que de manera tronante hoy se anuncian. Las leyes daban amplias facultades para crear cadenas, rescatar el espectro e imponer comportamientos a los concesionarios.
Lo importante era que nadie se saliera del huacal, el manifiesto tripartita, contenido con abuso verbal y pobres conceptos en nuestra Constitución, fue un pacto que impediría a la oposición capitalizar el enfrentamiento con los dueños de los medios masivos de comunicación.
El problema es que las empresas afectadas generan miles de empleos para mexicanos que hoy están en riesgo, para dar paso a empresarios que no contarán con la significación nacional e internacional de los actuales.
Pero tristemente, antes de rogar por la llegada de capitales provenientes de países donde no hay las ridículas tasas de retorno que da la inacción burocrática en México, se propicia y fomenta un entorno de encono y pugna entre los empresarios mexicanos que son puntales de la actividad económica.