El solo prohibir ha demostrado a lo largo de nuestra historia que no solo agrava aquello que pretende solucionarse, sino que da paso al camino de la destrucción, pues facilita el mercado negro y contrabando como salidas para satisfacer la demanda de alimentos altos en contenido calórico que por decreto se pretenden desaparecer.
Educar es siempre el camino más largo, pero es la mejor apuesta. Educar e implementar una serie de medidas integrales que vayan a la raíz de la epidemia de obesidad y sobrepeso que vive México, es una respuesta que exige diálogo, suma de esfuerzos, políticas públicas precisas y decisiones de transformación.
Es sin duda un esfuerzo mayor, que la simple creación de una ley sobre las rodillas y que satisface ánimos populistas y búsqueda de culpables.
Las leys aprobadas en losCongresos de Oaxaca y Tabasco, prohíben la venta o donación de alimentos preparados con predominio de carbohidratos y grasos hidrogenados, bebidas azucaradas y golosinas a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, y su consumo en centros médicos y educativos a través de máquinas expendedoras, hecho que desde 2013 ya está prohibido en las escuelas de todo el país.
Los efectos de esta Ley nada tienen que ver con la reducción de la obesidad y sobrepeso, pero sí destruyen miles de micronegocios llamados “tienditas”, que hoy son la principal fuente de autoempleo directo de 2 millones de personas, y que debido a la pandemia de COVID-19 han cerrado más de 150 mil, afectando a miles de familias donde se registran grandes rezagos económicos.
Esta propuesta presenta una serie de incongruencias como que los mismos menores vendan los productos prohibidos, o bien, acudan a un establecimiento y compren a granel, como por ejemplo: una docena de pan debido a que no está empaquetado, pues esta ley califica como delito adquirir productos empaquetados.
Otra incongruencia, es que un padre de familia tenga que acudir a la tienda a comprar un producto empaquetado para su hijo de 18 años.
Además de provocar la venta de estos productos en un mercado negro, no hay seguridad de que los niños y las niñas consumirán frutas o verduras, lo que significa que la prohibición no inhibe la adquisición de alimentos calóricos.
Especialistas reconocen que la epidemia de obesidad y sobrepeso ocasiona graves consecuencias en la vida de quien la padece, y por ello exige atender causas múltiples desde hábitos fuertemente arraigados hasta reducir la inseguridad, pues de acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), 8 de cada 10 niños no salen a jugar a las calles por miedo, lo que genera sedentarismo.
Pretender que una solución simplista y llena de contrariedades vaya a resolver un problema de fondo, es una apuesta perdedora y con graves consecuencias, cuando lo que se necesita, es un marco regulatorio adecuado que permita trabajar de manera coordinada a empresas, gobierno y sociedad. Urge elaborar una propuesta integral que lleve como objetivo común: una alianza entre todos los anteriores, pues educar y reeducar es mejor que solamente prohibir.
