“Me duele todo lo quemado”

A los 11 años de edad no solo fue torturada con descargas eléctricas, también le prendieron fuego al rociarle alcohol en el cuerpo.

Esto sucedió en el albergue “Casa de Vida Camino a la Fortaleza”, ubicado en la colonia Santa Isabel, en Tonalá, Jalisco, de acuerdo con medios de comunicación.

La madre de la menor ha dicho que fue avisada de los hechos un día después, y que su hija se encontraba en ese lugar debido a que padece ansiedad severa y ataques epilépticos; también sostuvo que no hay un momento del día en que su hija no le diga: “me duele todo lo quemado”.

La niña sufrió quemaduras de segundo grado en 13 por ciento de su cuerpo, tórax del lado izquierdo, brazo izquierdo y abdomen.

Recientemente nos enteramos de los lamentablementes fallecimientos de Luz Raquel y de Margarita, como consecuencia de ser quemadas vivas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre enero y junio de 2022 al menos 47 mujeres fueron agredidas con fuego en el país, un promedio de una a dos agresiones cada semana.

La dependencia señala que 13 de las 14 mujeres tenían 17 años o menos (27.66 por ciento), una de tan solo meses de nacida; mientras que 72.36 por ciento es mayor de 18 años.

No es la primera vez que escuchamos o leemos sobre maltratos que viven niñas, niños y adolescentes en algunos refugios, casas-hogar o albergues, como parte de la “disciplina” con la que operan en esos lugares.

En febrero de este año hice un exhorto en el Senado a todas las autoridades federales, estatales y municipales, para proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en cualquiera de estos albergues, casas de cuidado, refugios y centros de atención.

Cualquier niña o niño que sea lastimado en un albergue público o privado debe ser rescatado del mismo, y los adultos que estén cometiendo este crimen no pueden seguir gozando de impunidad.

Datos del Inegi estiman que son aproximadamente 30 mil niñas, niños y adolescentes los que viven en orfanatos o diversos albergues, en donde muchos son víctimas de maltrato físico, tortura e incluso abuso sexual.

Me queda claro que no basta con hacer llamados o exhortos; lo verdaderamente urgente es hacer justicia y poner un alto a la violencia contra nuestra niñez y adolescencia.

Es indispensable que las autoridades de los tres órdenes de gobierno atiendan las denuncias sobre maltrato en estos espacios, pero, sobre todo, salvaguarden los derechos de nuestros menores. La impunidad no puede proteger a quienes lastiman, maltratan o agreden a nuestros niños, niñas y adolescentes.

No podemos ser indiferentes u omisos ante los actos de tortura que sufren niñas, niños y adolescentes en diversos albergues o centros de cuidado, donde, se supone, deberían salvaguardar su interés superior y recibir mayor protección.