En la bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León los problemas no terminan. Además del descrédito que vive su coordinador Ramiro González, de la salida de legisladores del grupo o de la pérdida de influencia en el Legislativo, ahora algunos de sus miembros también están en la mira.
Se trata de los legisladores Celia Alonso Rodríguez y Delfina Beatriz de los Santos Elizondo y los recién llegados al grupo Marco González Valdés y Melchor Heredia Vázquez.
El hoy exdirector del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Pedro Salmerón, envió un escrito a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que preside Héctor Polanco Díaz, en donde pide la expulsión de los diputados.
Lo anterior, luego de que los militantes de Morena votaran a favor de la iniciativa de la bancada panista del Congreso de ese estado para declarar “personas non gratas” tanto al propio exfuncionario como al exdiputado federal Gerardo Fernández Noroña.
Según el escrito de Salmerón, los cuatro congresistas fallaron a los principios de inclusión, democracia y tolerancia que fomenta el partido guinda, de donde es militante.
Los votos morenistas a favor de declarar a Salmerón y Fernández Noroña “personas non gratas” también ocasionaron un enfrentamiento verbal en el recinto legislativo el día de ayer.
Como si en el Congreso local, y específicamente en la bancada de Morena, no hubiese ya suficiente conflicto.
El dron sigue escondido
De cuatro a seis semanas es el tiempo que el dron de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León tardará en ser reparado según lo que dijo el titular de la dependencia, Aldo Fasci.
La aeronave no tripulada será enviada a Estados Unidos tras el accidente que sufrió aparentemente la semana pasada en el municipio de Anáhuac, y el costo total de la reparación sería de alrededor de un millón de pesos, ya que no hubo daños estructurales.
Así que es posible que para el mes de octubre o principios de diciembre el millonario dron pueda por fin comenzar a realizar las tareas por las cuales fue adquirido, principalmente para ayudar en el combate a la inseguridad (aunque también se había mencionado que podría auxiliar a medir los niveles de contaminación).
Al gobierno que encabeza Jaime Rodríguez Calderón ya no le quedarán excusas para poder poner a operar la aeronave que fue presentada en marzo pasado y que cumplirá siete meses sin funcionar.
¿O acaso anunciarán en algunas semanas que las reparaciones se están tomando más tiempo de lo necesario?
A más de un año de que se adquirió esta herramienta, ha resultado ser más un lastre que un apoyo.
