El pasado 28 de agosto, tras tres tentativas previas, se clausuró la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-06-G1C-006G1C001-N-74-2023. Esta compra, supervisada por Banobras que dirige Jorge Mendoza Sánchez, busca el servicio integral de limpieza para el Tren Interurbano México-Toluca. Sin embargo, las dudas recaen sobre dicho proceso, pues entre la lista de empresas participantes se puede observar a aquellas afiliadas al llamado “Clan del Rey de la Limpieza”, liderado por José Juan Reyes Dominguez. Estas mismas empresas ya habían sido protagonistas en licitaciones de otros organismos, como el IPN de Arturo Reyes, el AICM de Carlos Velázquez, o el ISSSTE de Pedro Zenteno.
Durante la junta, las firmas Comyser Qualifield, Limpieza Jored, RGC Supply y Servicios Integrales Valbon presentaron sus cuestionamientos, y sorprendentemente, en todos los casos, las respuestas de la Gerente de Adquisiciones, Karla De Tuya García, se inclinaron a su favor. Como ejemplo, RGC consiguió la sustitución de certificados de capacitación por simples constancias y Servicios Integrales Valbon obtuvo respuestas ambiguas respecto a la acreditación de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas. Estos movimientos no son nuevos para De Tuya García, quien en roles anteriores ya había sido señalada por favorecer a las empresas de Reyes Dominguez, específicamente durante su paso por el ISSSTE y el INBAL. Ante tales circunstancias, otros interesados en la compra han fijado la fecha clave para este 4 de septiembre, día en que se espera que, una vez más, se presenten ofertas con precios escalonados por parte de las empresas del “Clan del Rey de la Limpieza”. Habrá que seguir el proceso con lupa.
Caso Actinver
En el caso Actinver, como mencionamos en este espacio, desde el mes de julio de 2022, Rafael Zaga Tawil solicitó medidas prejudiciales en contra de Banco Actinver, división fiduciaria, cuya ejecución pretendió ampliarse al patrimonio de la institución financiera; dicha ejecución fue suspendida e impugnada de inmediato, y finalmente tribunales federales resolvieron que tales medidas no deben ni pueden afectar el patrimonio de Banco Actinver. No obstante (más de un año después), se publicó que “el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dio un plazo de 3 días a Banco Actinver para que reserve mil millones de pesos de su contabilidad con el propósito de afrontar una eventual condena de pago…” refiriendo que dichas medidas fueron ordenadas de nuevo por el Juez 73 de lo Civil de la Ciudad de México, lo que implicaría el desobedecimiento de las resoluciones federales antes indicadas.
Y sí que no significa que no exista ese requerimiento en cuestión, la institución afirma que no ha sido notificado ni requerido para dar cumplimiento a ninguna de las medidas prejudiciales citadas por las notas de prensa. En ese sentido, una vez que se llegara a notificar a Banco Actinver se llevarán a cabo las acciones y defensas que correspondan, con independencia a las interpuestas por la división fiduciaria de dicha institución.
Respecto al amparo en contra de la sentencia dictada por el Juzgado 27 de Proceso Oral de la Ciudad de México, en el que se inició el fondo del asunto, sigue pendiente de resolución y se continuará con su defensa en todas sus instancias. Le seguiremos informando sobre este caso.
