Algo anda muy mal en el “nuevo” Instituto Nacional Electoral. Por lo menos lo que toca a la administración de los recursos públicos que le fueron asignados.
Y es que eso de gastarse 30 millones de pesos para verificar las 13 millones de firmas y registros ciudadanos que presentaron los Partidos Políticos para las consultas populares de 2015, nomás no tiene sentido.
Si las administradoras de las tarjetas de crédito, y los bancos, utilizaran las “modernas” tecnologías que utiliza el INE para confirmar que las firmas de sus clientes son auténticas, seguramente ya habrían quebrado desde hace rato.
¿No deberíamos averiguar, mejor, cómo le hacen en otros países para garantizar la limpieza de sus procesos democráticos, sin tener necesidad de contar con elefantes blancos y caros, como el INE?
¿De quién es la mano que mece la cuna?
Independientemente de cuál vaya a ser el desenlace de las investigaciones de la PGR en el caso de las presuntas ejecuciones de Tlatlaya, no es difícil advertir en este asunto la existencia de una mano invisible que está meciendo la cuna, vaya usted a saber con qué propósitos.
Y es que no se puede descartar la hipótesis de que, con independencia de que sean ciertos o no los hechos denunciados, podría haber una estrategia en la que el objetivo sea tratar de meter en dificultades al gobierno mexicano a nivel internacional, más que para procurar la defensa de los derechos humanos.
Y más si se toma en cuenta que la línea dictada por el presidente Enrique Peña Nieto sobre el respeto a los derechos humanos, desde el día que tomó posesión, fue algo que provocó un gran malestar entre los que, en el pasado, se cansaron de violarlos sistemáticamente.
Con todo, lo que sí podemos adelantar es que si en las investigaciones que haga la PGR resultan probables responsables, seguramente que esas conductas no quedarán impunes.
Por lo pronto Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ofreció tener resultados de la investigación de ese organismo, en seis semanas.
Conmoción política
Como si no fuera suficiente con lo de Tlatlaya para acabar de enrarecer el ambiente, la ejecución del diputado federal priista Gabriel Gómez Michel, provocó conmoción e indignación entre la clase política.
El coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, reaccionó de inmediato para exigir que la Procuraduría General de la República atraiga el caso, y que pronto se den a conocer los resultados.
