La actitud que tuvo ayer Joaquín Vargas es digna de reconocimiento. Con pruebas en la mano, denunció haber sido presionado por funcionarios del gobierno federal para despedir a Carmen Aristegui. Era la condición si quería conservar una buena parte de sus negocios.
La conversación mediante mensajes de BlackBerry que presentó el dueño de MVS demuestra que Javier Lozano le “aconsejó” despedir a la periodista a cambio de mantener la concesión de la banda de 2.5 GHz. Un claro chantaje de ese alto funcionario del gobierno federal y “amigo” de Vargas.
Y si bien en un principio cedió y sacó a Carmen del aire, Joaquín reconoció mea culpa y rectificó. Le devolvió el espacio radiofónico a la conductora y se enfrentó al sistema. Finalmente llegó el castigo.
Las revelaciones de ayer demuestran que la conversación sostenida a través de un chat de BlackBerry es una prueba irrefutable de la presión que ejerció Lozano sobre Vargas, hecho que puede ser constitutivo de delito y que en este caso buscaba coartar la libertad de expresión.
En el diferendo, Joaquín Vargas dejó una puerta abierta para salir del conflicto con Los Pinos. Señaló que desconocía si el presidente Felipe Calderón estaba enterado de lo que hacían sus funcionarios.
Ésta es una posibilidad muy preciada, porque si el primer mandatario es ajeno a las conversaciones de Alejandra Sota y Javier Lozano con Joaquín Vargas, debería tomar medidas para remediar la situación.
La más obvia es pedir la renuncia a su vocera por tomarse atribuciones que no tiene, porque mientras los funcionarios públicos son “fusibles”, el presidente de la República no lo es.
Un hecho revelador que apoyaría la hipótesis de la salida de Sota es que la funcionaria salió ayer mismo a enfrentar a la prensa para reconocer que sí había hablado con el presidente de MVS en Los Pinos.
Pero más grave aún es que aceptó haber visto la carta y que había hecho sugerencias para su redacción. ¿Así o más claro?
Por eso no debe descartarse que en los próximos días se anuncie su salida ante la imposibilidad de mantener a un funcionario que negoció el despido de una periodista a cambio de una prebenda de negocios.
¿Cuánto cuesta esta banda?
Aunque es innegable el enfrenamiento entre el empresario y el gobierno federal, todavía hay caminos que se pueden recorrer para llegar a un final justo para todas las partes.
Vargas dijo ayer que el valor del espectro de la banda de 2.5 GHz es de 11 mil millones de pesos de acuerdo a cálculos realizados por MVS con base en lo que se cobra por esa concesión en otros países.
Pero el gobierno federal asegura que el precio adecuado sería de unos 27 mil millones de pesos, 2.5 veces más de lo que ofrece MVS.
Ante esta diferencia en las estimaciones –además de la crispación que ha provocado el caso–, lo aconsejable sería que un tercero definiera el valor de este bien público.
Por ejemplo, que sea un panel de arbitraje, conformado por expertos internacionales, el que establezca el precio justo de esta concesión. Las referencias podrían ser el tamaño de la economía mexicana y la perspectiva de negocio que se puede tener en esta banda en los próximos años (un valor presente neto).
¿Acaso no sería más sano para todas las partes involucradas que hubiera un proceso claro en el que la información esté abierta para quien desee consultarla?
La pregunta está en el aire.
