Al presidente del PAN, Gustavo Madero, le arrebataron las banderas que tenía en contra de la reforma fiscal.
No habrá IVA a las colegiaturas, ni a las rentas, como tampoco a los créditos de vivienda, porque todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias tomaron ese acuerdo por consenso.
Lo interesante del caso, es que en lugar de que el perredista Silvano Aureoles anunciara el acuerdo, como presidente de la Junta de Coordinación Política, el anuncio lo hizo el coordinador de la bancada priista en la Cámara de diputados, Manlio Fabio Beltrones.
A ver qué pretexto se le ocurre ahora a Gustavo Madero para seguir haciendo campaña para su reelección como presidente del PAN.
Y es que de las cuatro banderas que tenía el presidente del PAN, ya nada más le queda la de la homologación del IVA en las franjas fronterizas.
¿No que no?
A querer y no, el procurador general de Justicia del Gobierno del DF, Rodolfo Ríos, tuvo que reconocer finalmente que el mismo Gobierno del DF infiltró la marcha del 2 de octubre con policías vestidos de civil.
Aunque según el procurador, los policías infiltrados estaban haciendo labores de investigación en la marcha, y no explicó por qué esos policías se dedicaron a golpear a y detener arbitrariamente a cualquier persona, fueran anarquistas o no.
El engendro de García Luna
Con la detención de los policías federales que se dedicaban al secuestro, suman ya 94 los guardianes del orden detenidos por estar presuntamente implicados en actividades delictivas.
Con estas detenciones ha quedado demostrado que la policía que tanto presumían Genaro García Luna y Felipe Calderón, deja mucho que desear a pesar de que en ese cuerpo policiaco se despilfarraron más de 184 mil millones de pesos en seis años.
¿Cuántas bandas de secuestradores operarán todavía en el monstruo engendrado por Genaro García Luna?
Mientras el exprocurador siga impune, sonará hueco eso de “el peso de la ley caerá con todo su rigor contra todo aquel servidor público que traicione la confianza de la ciudadanía”.
Para eso, mejor sería que el vocero del Gobierno Federal Eduardo Sánchez, y el comisionado nacional de Seguridad, Miguel Mondragón, se quedaran callados.
Los certificados de impunidad también son de alguna manera una forma de complicidad.
