Transcurridos dos meses desde aquel fatídico 26 de septiembre en Iguala y los administradores de la justicia en México hoy se dedican a dar bandazos.
Han sido ocho semanas o 60 días y los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa continúan “técnicamente desaparecidos”.
Los culpables son tres “técnicamente” o artificialmente convertidos en militantes del PRD, gracias a los buenos oficios de Jesús Zambrano, Jesús Ortega y Guadalupe Acosta Naranjo, porque los tres se encuentran en el mismo paquete o proyecto de franquicia.
A Carlos Navarrete, pocos días después de haber asumido el “liderazgo” del PRD, le tocó el soltar cómicamente un “usted disculpe”, como queriendo decir vamos a darle vuelta a la página. Que equivocado estuvo. Van dos meses de manifestaciones en el territorio nacional y en todo el mundo.
Ángel Heladio Aguirre vive su paraíso quién sabe en qué lugar.
José Luis Abarca Velázquez padece su infierno en El Altiplano.
María de los Ángeles Pineda sufre el purgatorio, después de ser detenida y posteriormente arraigada.
Pero, vamos al asunto de los bandazos. Porque después de no encontrar a los jóvenes normalistas “técnicamente desaparecidos”, quienes previenen, administran o procuran la justicia en México, hacen gala de poderío al detener a 11 personas por los disturbios ocurridos en las marchas del pasado 20 de noviembre.
Tres mujeres y ocho hombres, entre estos un extranjero de nacionalidad chilena, han sido acusados de homicidio en grado de tentativa, motín y asociación delictuosa.
Como la justicia en México está cansada, muy cansada, de tanto alboroto, de tantas marchas y manifestaciones en solidaridad por los hechos de Iguala, los que previenen (policías federales y del Distrito Federal) y administran la justicia (ministerios públicos federal y capitalino), están obligados a enviar un ominoso mensaje para amedrentar y con ello acabar con las marchas por Ayotzinapa.
Independientemente de que los 11 detenidos y hoy acusados de homicidio en grado de tentativa, motín y asociación delictuosa, hayan cruzado la delgada línea de lo políticamente correcto, es cierto que las acusaciones además de exageradas, responden a un motivo: una velada represión que atenta contra el artículo 11 en su punto 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.
Para evitar más cansancio los procuradores de la justicia en México, en fast track investigan, juzgan y condenan. De tal forma que en pocas horas los 11 detenidos fueron enviados a penales del interior del país por su alta peligrosidad.
Mientras tanto, la señora María de Los Ángeles Pineda sigue arraigada porque está bajo una exhaustiva investigación.
Y como gobernador de Guerrero, que se supone debió haber sido el más informado de quiénes son y a qué se dedican las autoridades municipales, Ángel Heladio Aguirre goza de todos sus derechos constitucionales como ciudadano, porque la omisión o comisión en las que pudo haber caído, que derivaron en los lamentables acontecimientos del 26 de septiembre en Iguala, jamás serán investigados y menos castigados.
De Gastón Azcárraga qué se puede decir cuando un Tribunal Federal giró el 9 de octubre una nueva orden de aprehensión en su contra por ocultar o rendir información financiera falsa sobre la quiebra de Mexicana de Aviación; después de varias semanas, el todopoderoso Azcárraga, no ha sido detenido.
Amado Yáñez, accionista mayoritario de Oceanografía, el 28 de octubre recibió un auto de formal prisión del Juzgado 14 de Distrito de Procesos Penales Federales.
Dicen que Yáñez seguirá el procedimiento privado de su libertad porque el delito, previsto en el Artículo 112, fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito, es calificado como grave por el artículo 194, fracción VIII, del Código Federal de Procedimientos Penales, pero ¿alguien ha visto al empresario tras las rejas?
Germán Larrea, propietario del Grupo México, es propietario de las minas que provocaron un derrame de productos tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi que afectaron a más de 20 mil personas. No pasó nada, salvo una multa de 40 millones de pesos de parte de la Profepa.
Tampoco ocurrió algo cuando estalló la mina Pasta de Conchos, propiedad del Grupo México, donde murieron 65 personas.
Germán Larrea está en libertad y continúa invirtiendo en nuestro país, porque tiene una enorme confianza en las instituciones.
En los casos Azcárraga, Yáñez y Larrea, no hay fast track, ni imaginarlo.
La justicia en México está cansada y por lo mismo solamente tiene fuerza para romper el hilo por lo más delgado.
Esta es la Ley Textil Mexicana.
Será un debate entre la decencia y la indecencia
Mañana es el debate público entre Cuauhtémoc Cárdenas y un hombre de paja “bautizado” como Carlos Navarrete, actual dirigente del Partido de la Revolución Democrática.
En este México predominado por el realismo trágico y por el surrealismo puro, el encuentro Cárdenas Solórzano-Navarrete, será sui géneris, pues durante el tiempo que dure el encuentro, el hijo del general defenderá ideas, conceptos que conllevan a un posición ideológica, algo que en este país han perdido quienes hacen “política”.
Mientras que el ujier de Jesús Ortega y Jesús Zambrano (los llamados “Chuchos”), no perderá su brújula y se aferrará a lo que acostumbra desde que se hizo izquierdista nylon. Es decir, no perder el cargo que representa muchos intereses económicos. Pues, los que entienden de política y finanzas, comentan que el PRD, desde que está en manos de “Los Chuchos”, se convirtió en una franquicia que deja millones de pesos en ganancias solamente para un grupúsculo o una facción perredista.
El realismo trágico que México padece en materia política, se reflejará en el debate Cárdenas Solórzano-Navarrete, porque mientras el primero defienda ideas, el segundo defenderá intereses económicos.
Cuauhtémoc Cárdenas, hablará de política. Carlos Navarrete, puntualizará acerca de pesos y centavos.
El hijo de Doña Amalia precisará acerca de la moralidad perdida en el PRD. El cómplice de “Los Chuchos”, pontificará sobre el árbol que da moras, como lo hizo en su momento Gonzalo N. Santos, conocido como “El Alazán Tostado”, extinto cacique de San Luis Potosí.
El primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México hará referencia acerca de la corrupción al interior del perredismo y que ha puesto en jaque mate a este partido. El carga maletas de Jesús Ortega y líder nacional perredista, será puntual al defender la impunidad que se requiere para continuar haciendo “política” de izquierda.
El fundador del PRD, congruente a sus ideas, posiblemente ponga el dedo en la llaga cuando argumente que la indecencia, la deshonestidad, la venta de candidaturas a cargos de elección popular y otras prácticas corruptas que han “distinguido” al partido del sol amarillo, tienen a esta organización en un punto de quiebre. En tanto, el oficioso y oficialista, Navarrete defenderá a ultranza los casos de:
Greg Sánchez, en Quintana Roo.
Ángel Heladio Aguirre Rivero, expriista y convertido al vapor al perredismo en Guerrero.
José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala y actualmente convicto en el penal del Altiplano.
Julio César Godoy Toscano (medio hermano de Leonel Godoy, a la postre mandatario michoacano), exdiputado federal por Michoacán y prófugo de la justicia.
Fernando Belauzarán, quien fue uno de los enlaces financieros de “Los Chuchos” con Ulises Ruiz cuando este último gobernaba Oaxaca y enfrentaba el conflicto del 2006. En esa ocasión, el silencio y la complicidad del PRD fueron descarados.
Desde el punto de vista de los observadores, será un debate entre la decencia con la indecencia. Entre la honestidad con la deshonestidad. Entre la coherencia con la simulación. Entre la sinceridad con la desfachatez o el cinismo. Entre la autoridad moral con la inmoralidad personificada.
Entre otras muchas cosas, Cuauhtémoc Cárdenas podría ser puntual al mencionar a los más de 500 muertos, todos militantes del PRD víctimas del oficialismo, que se registraron antes y durante del proceso electoral de 1988. Y en la actualidad, en el estado de Guerrero, un gobierno estatal y un municipal, ambos perredistas, son culpables de la desaparición de 43 estudiantes normalistas, además de seis muertos y varios heridos.
Carlos Navarrete tuvo razón y muchos motivos para intentar que su permanencia como dirigente nacional perredista se decidiera en el Consejo Nacional y con ello evitar el debate con el ingeniero Cárdenas. No es un secreto que el Consejo Nacional de marras se haya convertido en una especie de falange para no perder el botín en que han convertido al perredismo.
Navarrete hace algunos días se pronunció contra las dirigencias morales al interior de este partido político.
En este caso mostró congruencia plena, porque la moralidad desde hace varios años fue desterrada del PRD y con ello se le abrieron las puertas a la inmoralidad y a la desfachatez.
El resultado de ello es haber convertido al PRD en una organización política orgánica, así de simple.
Después de lo anterior nos atrevemos a aventurar al resultado del debate entre el agua y el aceite: ganará Cuauhtémoc Cárdenos Solórzano.
Pero Carlos Navarrete y “Los Chuchos” nunca entregarán la mina de oro que significa el Partido de la Revolución Democrática.
¿A quién temerle más, a un vándalo embozado o a un político?
Como Humberto Moreira, como Elba Esther, como Granier, como Padres Elías, como Eduardo Bours, o como Rafael Moreno Valle, quien la semana pasado detuvo al edil Jairo Javier Montes Bautista, a quien se le atribuyen los delitos de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de comunicación.
De la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, Moreno Valle ni se quiere acordar.
El abuso del poder, es el abuso del poder.