Zoé Robledo tuvo una trayectoria destacada desde los inicios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se convirtió en un operador de lujo desde la subsecretaría de Gobernación; su talento, capacidad de negociación y efectividad lo consolidaron en el grupo compacto del ocupante de Palacio Nacional. De allí pasó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde donde enfrentó múltiples problemas como desabasto de medicinas, infraestructura obsoleta, directores de institutos y hospitales influenciados por proveedores y empresas que perdieron contratos y mercado, falta de personal médico para atender el Covid 19, entre otras vicisitudes.
Sin hacer ruido mediático como el de Hugo López Gatell, el titular del IMSS apostó su capital político a resolver los retos que se le presentaban y garantizar la operación de todas las instalaciones. Sin embargo, no contaba con la traición de uno de sus colaboradores más cercanos. Hablamos de Ulises Morales Gómez. Llamado UM por proveedores, este ex funcionario público resolvía desde problemas de pagos hasta el impulso de empresas vetadas por la administración de AMLO, según se dice en los círculos cercanos al Instituto.
Su poder como titular de la Unidad de Adquisiciones e Infraestructura le alcanzaba para llevar una agenda paralela a los intereses del pueblo y de los derechohabientes. Pero sus sospechosos movimientos no habrían pasado desapercibidos para Zoé Robledo, que al percatarse de esta situación, habría cercado a su otrora amigo para evidenciar los múltiples intereses ajenos, que empujaba gracias a su puesto. El camino de Morales Gómez en el servicio público terminó el 7 de septiembre de 2020 sin que se hiciera demasiado revuelo, sin embargo, han trascendido solicitudes para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ahora al mando de Pablo Gómez, realice indagaciones sobre su desastroso paso por el IMSS y los daños que habría traído consigo, sin olvidar las supuestas investigaciones que realizan autoridades judiciales.
Sobre el historial de este funcionario es de destacar que sus primeros pasos comenzaron en la gestión de Vicente Fox, pues en 2001 se volvió parte de la Sedesol como subdirector de Planeación Estratégica, puesto al que siguió otro como director General Adjunto de Innovación al interior de Presidencia de 2003 a 2006, así como su desarrollo como encargado del Fondo para la Atención de Desastres Naturales en la Secretaría de Hacienda de 2007 a 2008.
El lunes 6 de diciembre, a las 5:30 de la tarde, alrededor de 15 elementos que decían pertenecer a la Policía Federal Ministerial (PFM) se apostaron con armas largas afuera de la casa de los suegros de Rafael Zaga Tawil, que tiene un conflicto frontal con la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, por la indemnización que le dio el Infonavit por 5 mil millones de pesos a su empresa Telra Realty por la cancelación del contrato de Movilidad Hipotecaria. El cuerpo policial afirmaba que estaban en espera de una orden de cateo de un juez para ingresar al domicilio en busca de Rafael Zaga, quien tiene una orden de aprehensión, sin embargo al momento y hasta el miércoles 8 de diciembre después de las 2 de la tarde (al momento de escribir esta columna), seguían ahí sin ninguna orden judicial e impidiendo el ingreso y salida de vehículos y personas.
Además, es importante recordar que en julio de 2021, el juez segundo de Distrito en Amparo y Juicios Federales del Estado de México le concedió un amparo y declaró como inconstitucional la orden de aprehensión en contra de Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga. Además, señalan que sus suegros son personas mayores de 80 años de edad que no están imputados en ningún delito relacionado al caso Telra-Infonavit. Por ello, afirman que este tipo de acciones emprendidas por las autoridades de la FGR es un uso de la fuerza desmedido por el Estado. Además, de contar con un amparo otorgado por el Poder Judicial que consideró las órdenes de aprehensión como inconstitucionales.
Esta historia captó los reflectores cuando Alejandro Hertz Manero, Fiscal General de la República, le entregó a Andrés Manuel Lopéz Obrador un cheque de 2 mil millones de pesos en la conferencia matutina del 10 de febrero de 2020, que los hermanos André, Max, y Moussa EI-Mann Arazi de Fibra Uno (FUNO), y socios en otros negocios con los los Zaga Tawil, dieron como presunta reparación del daño. E incluso, esto les generó problemas debido a que la CNBV, de Juan Pablo Graf, emitió una opinión de delito en su contra a la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos de la Procuraduría Fiscal de la Federación por omitir información relevante para el público inversionista.
En cuanto a la familia Zaga Tawil, en estos momentos Teófilo Zaga, hermano de Rafael, está vinculado a proceso en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez por la acusación de delincuencia organizada. Previamente, los 3 habían sido denunciados por defraudación fiscal y lavado de dinero pero fueron desechadas las acusaciones por los jueces por carecer de fundamento y pruebas. Así, que este proceso y sus diferentes aristas van para largo. Incluso los empresarios han abierto un sitio web www.casotelra.com donde presentan documentos de su caso y afirman ser inocentes, tal como en el caso de Alejandra Guadalupe Cuevas Morán.
5G de AT&T
AT&T da el primer zarpazo e iniciará el despliegue de su red 5G en México para así tener cobertura en las principales ciudades del país.
Su directora Mónica Aspe, más que feliz con esta decisión, ojalá y pronto consoliden el despliegue de su red no solo en este rubro que hoy presumen, sino también en la que ahora conocemos cómo 4G porque hay lugares en el país en los que nada más aunque usted levante el celular y se cambie de lugar la señal no llega, no vaya ser que por andar prestando su infraestructura a Movistar su negocio se vea debilitado.
Voz en Off
Heineken nombró a Guillaume Duverdier como su nuevo director general en México a partir del 1 de enero de 2022, en sustitución de Etienne Strijp….
