Como perritos falderos, las situaciones de crisis persiguen al gobernador Rodrigo Medina y son éstas y no sus acciones de gobierno las que están marcando su administración.
La crisis de la influenza alteró en el 2009 la campaña electoral que llevó a Medina a la gubernatura de Nuevo León.
Luego en el 2010 la crisis de violencia derivada de la ruptura del Cártel del Golfo y de los Zetas lo estrenó como mandatario estatal en su primer año de gobierno.
La emergencia que provocó en la Entidad el paso del huracán Alex terminó por complicar más su mandato que ya en el 2010 tenía tintes apocalípticos.
Después Medina tuvo que enfrentar otras situaciones de crisis: la carcelaria por la matanza en el Cereso de Apodaca, la tragedia del casino Royale y la política por la debacle del PRI en la elección del 1 de julio.
Hoy el desastre financiero que se le viene encima al Estado se presenta como la nueva crisis que tendrá que sortear el gobernador Rodrigo Medina y su endeble gobierno.
PANISTAS, VESTIDOS Y ALBOROTADOS
Los consejeros panistas de Nuevo León fueron convocados la semana pasada a Los Pinos para una reunión con el presidente Felipe Calderón en la víspera de la sesión del Consejo Nacional del PAN programada para este sábado.
Sin embargo, de última hora el encuentro con el mandatario federal se canceló y los casi 20 panistas regiomontanos convocados a la residencia oficial se quedaron vestidos y alborotados.
Bueno, tampoco era que los albiazules estaban con muchas ganas de encontrarse con Felipe Calderón, quien ya está empacando sus maletas de Los Pinos.
La que sí tuvo oportunidad de reunirse con Calderón fue Sandra Pámanes, dirigente estatal del PAN, quien asistió el jueves a un encuentro con líderes estatales panistas.
En la reunión estuvo presente también Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, pero sin descalificaciones ni insultos.
MARENCO Y EL CASO DE LAS PLACAS DEL ICV
El día hoy lunes acudirán integrantes de Evolución Mexicana al Congreso del Estado con una petición para exigirle a los diputados que presenten una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado.
La idea es que la ASE de Sergio Marenco, deje de mirar los toros desde sus cómodas oficinas del Obispado y le entre a investigar el caso de las placas extraviadas en el Instituto de Control Vehicular.
Los representantes ciudadanos pretenden que la Auditoría lleve a cabo un informe de situación excepcional y proceda a fincar responsabilidades resarcitorias en contra de los funcionarios involucrados en este caso de corrupción.
Esto, porque está claro que el contralor del Estado, Jorge Manjarrez, no le interesa recuperar los casi 70 millones de pesos que el Estado perdió en este desfalco al ICV.
Los auditores de la Auditoría Superior del Estado requieren esta petición hecha por los diputados para poder llevar a cabo una auditoría parcial a cualquier ente de Gobierno del Estado.
Si la Procuraduría de Justicia quiere tragarse el cuento de que las placas fueron robadas para “el kilo”, pues allá el procurador, pero alguien tiene que responder por el quebranto patrimonial.
