Con 20 años de experiencia, y al no ser un funcionario de grillas, ni de partidos políticos, sino un técnico que sabe responder a las tareas asignadas, designar a Victor Manuel Lamoyi, al frente del Banco del Bienestar parece, a la distancia, una decisión acertada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que uno de los problemas que enfrentará en los primeros meses de administración el nuevo timonel será la falta de liquidez. No solo nos referimos a la adjudicación directa, a falta de presupuesto, que otorgó en octubre pasado a una firma panameña desconocida por un monto récord de 18 mil millones 313 mil 360 pesos y los protocolos de ley que se pudieron haber brincado en dicho concurso, pero también a las decisiones al interior que ponen en jaque la autonomía financiera del mismo.
Nos referimos a la suspensión temporal que sufrió el equipo de Rommel de la Cruz en la Tesorería de la entidad estatal luego de que en julio pasado realizaran acciones que, además de estar dentro de sus facultades, van encaminadas a favor de alcanzar una autonomía financiera que hoy el banco no puede presumir.
Todo comenzó el pasado julio cuando la Dirección de Tesorería participó en una Subasta de Liquidez con el Banco de México. Decíamos que dicha operación, además de estar establecida dentro de los manuales internos, fue mal interpretada por la Dirección General Adjunta de Finanzas, a cargo de José Miguel Palacios Fernández, por lo que levantó un Acta Administrativa en contra de este departamento, argumentando que la maniobra carecía de garantías.
Tesorería tuvo que explicar con manzanitas, no solo que estaba facultada para la celebración de la operación realizada, pero también que las subastas con Banco de México son realizadas de manera cotidiana por las Instituciones de Crédito y es una acción que se realiza diariamente como una importante herramienta de la Política Monetaria del Banco Central, ya que representan una de las fuentes de liquidez en caso de estrés de los mercados financieros. Lo anterior denota una falta de conocimiento de Palacios Fernández en cuanto al marco regulatorio que norma al mercado mexicano, pues toda operación de liquidez, exige en contravalor una garantía de títulos. Además, que es una operación prácticamente de rutina en cualquier institución de crédito que se ostente como tal. Así, la suspensión del Director de Tesorería suena a arbitraria y negligente, por lo que, al dejar más de 4 meses fuera de circulación al responsable de tomar decisiones encaminadas a robustecer el margen financiero del banco, podría traer consecuencias de las que más adelante sea más difícil corregir.
¿Proveedora consentida en el IPN?
Son de preocupar las alertas surgidas en torno al secretario de Administración del IPN, Javier Tapia Santoyo, pues tienen que ver con el ejercicio de los recursos públicos a favor de empresas como Cleanium Servicios y Limpieza Jored, que debido a su cercanía con José Juan Reyes Domínguez resultarían adjudicadas con un millonario contrato para 2022.
El meollo del asunto recae en las conexiones entre ambos perfiles, ya que su historia habría comenzado cuando el funcionario era parte del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, Instituto en el que posteriormente ocupó cargo como coordinador de Recursos Materiales, y desde donde habría dejado todo listo para que Grupo Relissa Servicios Corporativos fuera declarada ganadora de un acuerdo por 370 millones de pesos, lo comento porque el veredicto para que se desempeñara durante todo 2020 se emitió el 24 de diciembre, por lo que dejó sabor a madruguete.
Pero tampoco hay que olvidar que los últimos tres meses del año pasado se entregó un convenio por 73 millones de pesos a Aseo Privado Institucional (API), sin que hubiera competencia con otras representantes del ramo, pues se echó mano de un proceso por adjudicación directa en el que los costos mensuales por elemento eran de 7 mil 790 pesos, por encima de los 7 mil 715 pesos que fijaba como límite la Secretaría de Hacienda, en apego al Contrato Marco que estaba vigente. Al turbio escenario hay que añadir que ambas firmas se conectan con Reyes Domínguez y han sido puestas bajo reflector por violentar los derechos de sus trabajadores al dejarlos sin seguridad social. ¿Ordenará investigaciones Arturo Reyes Sandoval, director del IPN?
Digitalizan seguros
Sin duda, la pandemia y los avances tecnológicos impulsaron grandes cambios en el sector asegurador, no solo en crear un poco más de conciencia en contar con algún tipo de seguro, pero también aceleró la simplificación de muchos procesos que van desde la cotización del mismo, hasta la facilidad de los pagos de las primas así como la atención durante los siniestros.
Destacan propuestas como la de WOOW, de Margarita Zepeda Porraz, que lanzó a principios de este año la primera plataforma en conjuntar, de manera cien por ciento digital, un catálogo de más de 60 productos para asegurar cualquier clase de bienes como autos, gadgets, gastos médicos, planes de telefonía celular y hasta mascotas. Todo ello con el convenio de grandes firmas como como GNP, Quálitas, HDI, CHUBB, AIG, WTA, AT&T, AXA y GMX, entre otras.
Voz en Off
Bajo la justificación de alta demanda Uber y DiDi ha incrementado la tarifa de los viajes que realizan en la Ciudad de México lo que ha provocado que usuarios de esta modalidad de transporte estallen contra estas empresas en redes sociales por caer en el exceso. El tema ha provocado que las autoridades den un manotazo afirmando que van por endurecer las reglas de operación cuyas sanciones recaerían directamente contra las empresas, no contra choferes privados y usuarios, el deseo es que esto se pulan bien para no dejar espacio a vacíos legales que sean utilizados nuevamente para manipular sus reglas de operación. La responsabilidad queda en manos en la Secretaría de Movilidad (Semovi), donde luego andan más distraídos con otros temas que resultan muy poco útiles para la población. Hay que darle seguimiento al tema para que no termine quedando en promesas que se las lleva el viento….
