La respuesta de Nava

La “sorprendente revelación” de que César Nava habría estado implicado en actos de corrupción durante su gestión como director jurídico de Pemex, no es ninguna novedad.

En este mismo espacio comentamos meses atrás que la pretensión de inculpar al exabogado general de Pemex, carecía de un sustento lógico y parecía tener otros fines.

Para empezar, como él mismo lo precisa, dejó de ser funcionario de Pemex en el año de 2003, en tanto que supuestos sobornos pagados a funcionarios de la paraestatal ocurrieron en el 2004.

Y por lo que se relaciona a la orden que Nava supuestamente emitió para impedir que Pemex cobrara varias cartas de crédito, el exfuncionario aclara que Pemex jamás renunció a derecho alguno de cobro.

Tan es así, sostiene Nava, que hay constancias de que un año después, al 27 que de junio de 2003, las cartas de crédito a favor de Pemex continuaban vigentes.

Si las imputaciones son tan frágiles e ilógicas como parecen serlo, lo que cabe preguntarse es:

¿Cuál es la verdadera intención de Emilio Lozoya al imputarle a un exsecretario particular de Felipe Calderón una conducta tan grave?

“Al diablo con las instituciones”

Al parecer, y desde la perspectiva del PAN, bastante razón tenía Andrés Manuel López Obrador cuando el tabasqueño mandó al diablo las instituciones electorales.

Y es que de acuerdo por lo anunciado ayer por Gustavo Madero, el IFE ya dio lo que tenía que dar y hay que desaparecerlo para crear en su lugar el Instituto Nacional Electoral.

Ahora hay que crear un “instituto electoral fuerte, autónomo, y capaz de generar certeza en las elecciones locales”, dijeron, así como unas nuevas reglas del juego que impidan que las elecciones se sigan ganando a billetazos.

Se trata, en suma, de desaparecer todos los institutos electorales de los estados para hacer un monstruo más grande, en el que ya no puedan meter la mano los gobernadores, sino solamente los presidentes de los partidos políticos nacionales.

Por otra parte, y después de haber reconocido implícitamente que durante los últimos 12 años “el dinero siguió siendo factor decisivo en los resultados electorales”, los panistas proponen que, rebasar los topes de campaña, sea causa de nulidad de la elección, aun en los casos de la presidencial.