El alcalde Ugo Ruiz presentó hace una semana una denuncia penal en contra de los abogados de la Torre Tanarah, quienes habían logrado revocar la clausura que impuso el Municipio en las obras de este edificio.
Ruiz acusó ante la PGR de falsear información a los representantes legales de la empresa Desarrolladora Trinity, S.A. de C.V., dueña de este inmueble.
Pero no fue esa la razón por la que los magistrados concedieron el amparo a la Torre Tanarah, obligando al Municipio sampetrino a retirar los sellos de clausura.
Fue una pifia que se atribuye al área jurídica de San Pedro, la que realmente le otorgó el fallo a favor de Tanarah.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable de San Pedro duplicó el procedimiento de clausura contra Tanarah, intercalando dos números de expedientes.
¿Un error sin mala fe? Posiblemente, pero que no fue desaprovechado por el equipo legal de Tanarah y que lo usó para combatir la clausura municipal.
¿Fue esta pifia la que hoy provoca la salida de Enrique Ávila de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de San Pedro? ¿Fue el único responsable de esta equivocación?…
‘Hagámoslo bien’, denuncien
La semana pasada hubo un evento de la Coparmex, donde el presidente del organismo empresarial, Alberto Fernández, promovió la campaña de cultura de la legalidad “Hagámoslo Bien”.
Pues está muy bien la campaña y también el hecho de que 150 organizaciones hayan acudido a la cita y apoyen esta promoción.
Quisieron excluir al gobierno estatal y a las administraciones municipales de esta campaña por razones obvias, porque luego los políticos tratan de hacer suyo el tema, aunque son los primeros que violan el estado de derecho.
Pero precisamente por la corrupción y la impunidad rampante en nuestro estado, y en todo el país, faltó ese elemento: comprometer a la clase política para que frente a todas estas organizaciones prometa que respetara la legalidad.
Es necesario que los organismos, las organizaciones religiosas, las asociaciones civiles, no sólo establezcan y prometan la cultura de la legalidad, sino que hagan una red para vigilar que la clase política cumpla con las leyes.
Que esto no se quede en una campaña de buenas intenciones, sino que los particulares se sumen a buscar y vigilar que los políticos respeten el estado de derecho.
Y que si no cumplen con la ley, que estas mismas organizaciones promuevan la denuncia, pero no en ruedas de prensa con café y galletitas, sino con la querella ante los tribunales.
Ojalá que se promueva también este mecanismo para realmente entrar en materia en la cultura de la legalidad.
Fantasma del secuestro vuelve a cabalgar
Nuevamente en la región citrícola y en el municipio de Linares está volviendo una oleada de plagios por parte del crimen organizado.
Según lugareños, esta semana hubo al menos dos comerciantes secuestrados por los que se pidió rescate a sus familias.
El asunto es que los parientes temen que, aunque paguen el rescate, los plagiarios den muerte a sus víctimas, como ha sucedido ya en varias ocasiones en los últimos meses en esa zona.
Y según las autoridades, la llegada del Cártel del Golfo, ahora con más presencia en la zona, está provocando estos plagios.
La, o las bandas, serían parte de esa organización, que tiene como parte de sus ingresos una corriente de delincuentes que secuestran para obtener recursos mientras a la vez van controlando la venta de drogas en las plazas del área citrícola.
Es una lástima que esto esté sucediendo, ahora que empieza a verse nuevamente la Carretera Nacional como un paseo de fin de semana para los regiomontanos.
