Parece déjà vu, como si el tiempo se hubiera congelado por un momento. Ése en donde nos sentimos vulnerables ante lo que no es una nota roja. Los secuestrados, asesinados, desaparecidos o desplazados de manera forzada pueden ser nuestros amigos, familiares, nosotros mismos. Terror.
El escalofrío del miedo que da salir a la calle a sabiendas que la impunidad existe, que las cárceles están tomadas por los propios delincuentes, que algunas autoridades son cómplices, que vivimos en una sociedad silenciada por miedo o por amenaza.
Qué triste es volver a ver esta realidad en un estado bastante golpeado por la violencia en la última década. Que cuando crees que se ha avanzado en la materia y que las cosas están más tranquilas –porque eso es lo que les respondo a las personas cuando me preguntan por Monterrey-, se desploma la percepción de seguridad.
¿Quién puede sentirse seguro en este norte de calles “calientes” con gente dispuesta a delinquir y autoridades que se asumen incompetentes? Algo no anda bien.
Algunos depositan la incertidumbre sobre el escenario electoral que aparentemente pone en jaque a los intereses de las bandas criminales con los de los políticos.
Pero, si hacemos un análisis más profundo considero que encontraremos algo más que teorías de “organización del crimen”.
Tenemos una deuda pendiente.
Yo estaba presente en el primer discurso del entonces recién nombrado Presidente Enrique Peña Nieto.
Diversos protagonistas de la prevención social de la violencia y la delincuencia sentíamos que el esfuerzo para incidir en la agenda pública tenía sus primeros resultados, al supuestamente, este Gobierno federal comprometerse a la parte preventiva que es la que en largos plazos asegura la no repetición de la consumación de delitos.
Sin embargo, conforme pasó el tiempo fue al revés, ¿en qué se nota? En el presupuesto. Así, contando los pocos pesos que se han destinado en la materia, funcionarios públicos y organizaciones civiles se enfrentan a una tarea titánica de hacer con lo poco que se cuenta, milagros.
Porque esa es la palabra que persiste cuando en este país se sigue creyendo que las cámaras de seguridad, los policías o los centros de inteligencia son la única respuesta para la inseguridad, cuando las cosas ya han cambiado y el delito y la violencia junto con esos cambios.
Necesitamos alternativas.
Desatinada también la falta de atención de los gobiernos estatales y municipales creyendo que esa prevención sólo se encuentra “llevando clases de zumba a las zonas marginadas” o “grafiti a los barrios pobres”, que no es malo pero es insuficiente.
Falta de visión, compromiso y de entender que hay que demandar políticas públicas que sean más contundentes en que el objetivo es que los jóvenes, que son la población más vulnerable y que ingresa con mayor facilidad a las filas del crimen, tengan otras opciones primero, antes que meterse a lo que no hay salida ni reversa.
Vivimos en tiempos sumamente difíciles, pero no podemos estar ciegos ante aquello que importa tanto como el sistema de justicia, las estrategias policiales o militares o las cámaras al mero estilo “Big brother”.
Algo tenemos que hacer como sociedad para frenar la fragmentación de la convivencia. Después de las miles de víctimas, seguimos teniendo una deuda pendiente con la prevención.
¿Por qué tener que esperar a que suceda lo que hoy parece inevitable ante la parálisis del Estado Mexicano?
No lo permitamos. No dejemos que el miedo gane la batalla de lo que sí merecemos: fortalecer los largos plazos de aquello que es remedio infalible para la delincuencia: educación, cultura, arte, ciencia…
No lo hagamos más complejo. Menos cuando en este momento que parece que la pesadilla vuelve a hacerse realidad en este Nuevo León sangriento.