Hay una gran preocupación entre organismos empresariales y organizaciones de la sociedad por el debate que viene en la la Iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad, que dicen pone en riesgo derechos como la libertad de expresión, la privacidad, el incumplimiento por parte del Estado a la protección de datos personales, reconocidos internacional y nacionalmente los cuales son fundamentales en cualquier entorno digital. De ahí que se está exhortando a ser claros y puntuales de lo que se quiere debatir, sin lastimar los derechos humanos e importantes logros de libertad de la sociedad mexicana. La discusión de una ley federal de ciberseguridad debe realizarse de manera colaborativa entre el sector público, academia, sociedad civil e iniciativa privada cuando nos une el objetivo de un México Hiper-Conectado, reduciendo la brecha digital en todo el país, incrementando la competitividad y productividad; mejorando la calidad de vida y las condiciones de bienestar de los mexicanos sin ser ajenos a las obligaciones asumidas en los tratados internacionales, como base para el impulso y promoción de inversión económica.
Lo que también se deja claro es que,México se mantiene en el primer lugar de intentos en ciberataques en Latinoamérica, con 187 mil millones de intentos en 2022, un crecimiento del 20 por ciento según datos de Fortinet. Pero de acuerdo con el Índice de Ciberseguridad Global (Global Cybersecurity Index), México se encuentra en el lugar 52 y en la región ha caído hasta la posición 4, después de Estados Unidos, Canadá y Brasil. El Banco Mundial establece que, México se está en el puesto 15 de las mejores economías en el mundo en relación con la generación del PIB, para el INEGI, las PyMEs generan el 52 por ciento del PIB y 72 por ciento del empleo en el país, sin embargo, las PyMEs que sufren un ciberataque pueden llegar a pagar hasta dos millones de pesos por un rescate, aumentando los factores por los cuales las PyMEs pueden desaparecer y afectar la economía del país.
Se aplaude una Iniciativa que impulse una política, una estrategia y una agencia nacional de ciberseguridad, fomentando una cultura de ciberseguridad entre la población, contribuyendo a la seguridad de los usuarios digitales, pero es importante enfatizar la importancia de la prevención como herramienta de mitigación frente a los posibles riesgos asociados al uso de la tecnología, en la que la voz de los expertos de la industria pueda formar parte. Así que, un documento de observaciones sobre este asunto es largo buscando se abra la discusión para evitar violar derechos humanos y derechos digitales, porque incluso se plantean restricciones a los derechos de libertad, particularmente los de privacidad, libertad de expresión, que lastimarían además la protección de datos personales, por ello deben ser sometidas a un escrutinio estricto.
Un artículo incluido, el 78 castiga con una pena de tres a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización “al que describa, diseñe o grabe cualquier tipo de material digital, auditivo, fotográfico o video gráfico con el propósito de que sea exhibido, publicado o compartido a través de redes de sistemas informáticos, electrónicos, telemáticos, programas o aplicaciones que sean producto de la evolución tecnológica mediante los cuales se incite, facilite, induzca u obligue a personas a ocasionar un daño físico, psicológico o material, a sí mismas o a terceros”. De la gravedad de no analizar a fondo esto que quieren convertir en ley.
