La paz es factible y los gobernadores son pieza fundamental. Lo he venido diciendo durante las últimas semanas tanto en las presentaciones de mi libro Jaque Mate al Crimen Organizado como en entrevistas sobre la polémica aprobación de la reforma que prolongó hasta 2028 la acción de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Pública.
Esta medida es indispensable en estos momentos por la coyuntura actual y las desafortunadas perspectivas a futuro cercano, que son las de un México incendiado por la delincuencia organizada, en el que todos los días están en alto riesgo la vida y el patrimonio, pero desafortunadamente es para algunos políticamente incorrecta ante la polarización que predomina en el país y que no nos está permitiendo encontrar puntos medios, tan necesarios para que México avance.
Quienes la critican, especialmente al interior del propio Congreso de la Unión, no están velando por los intereses de sus estados, pues los gobernadores han manifestado claramente que necesitan al Ejército para controlar los embates del crimen organizado.
Hay una diferencia entre un gobernador que necesita a las Fuerzas Armadas para que hagan su trabajo y otro que trabaja en conjunto con ellas, y ese es el caso de Coahuila, único en el país desde hace una década.
Ahí, el gobernador Miguel Ángel Riquelme coordinó el contraataque oportuno al “Cártel del Noreste”, en el poblado de Villa Unión. Se presentó en el lugar, se detuvo y se extraditó a los responsables.
Coahuila es hoy uno de los estados más seguros del país porque como gobernador asumí mi responsabilidad, no se la dejé al Gobierno federal.
Esa responsabilidad implicó abordar la Seguridad Pública como lo que es: una estrategia multidimensional y de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, encabezada por el gobernador.
Cuando se habla de Seguridad Pública la gente piensa primero, o solamente, en su aspecto reactivo, pero aunque dicha reacción fuera óptima, nunca resolveríamos el problema, porque hay que atender por igual sus facetas preventiva, punitiva y social.
En la preventiva hay que cerrarle las fuentes de financiamiento al crimen organizado; en la punitiva es necesario que la persecución y sanción sean eficaces y ejemplares, y en el aspecto social se requiere proveer a la población de lo que realmente necesita para que la delincuencia no sea atractiva: empleo estable, buenos salarios, prestaciones, educación de calidad, espacios para la cultura y el deporte y, sobre todo, combatir los ambientes criminógenos en las comunidades. Es necesario prohibir todas las expresiones que hagan del crimen organizado una actividad viable o hasta un ejemplo a seguir.
La paz es factible. Coahuila está dando el ejemplo.
