En este año que está por cerrar, el mundo se enfrentó a una crisis de salud pública ocasionada por el consumo de fentanilo, una droga cuyos efectos devastadores han cobrado la vida de más de 77 mil estadounidenses desde abril de 2022 hasta el mismo mes del presente año. Asimismo, en México, se estima que aproximadamente 45 personas perdieron la vida a causa del fentanilo entre 2020 y 2022, de acuerdo con datos gubernamentales.
Estos datos, junto con el alarmante incremento del 362.5 por ciento en el consumo y demanda de fentanilo en el último año reportado por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que lleva Juan Manuel Quijada, pone de manifiesto la gravedad de la situación, especialmente en ciudades fronterizas mexicanas como Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez y San Luis Río Colorado.
En este contexto preocupante, la decisión de Estados Unidos de permitir la venta de naloxona sin receta parecía un paso lógico. Sin embargo, en México, este fármaco, empleado por profesionales de la salud para contrarrestar los efectos de una sobredosis de opiáceos, se ha situado en el núcleo de un debate creciente y aún irresuelto, que se ha agudizado especialmente tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y debido a la ineficaz actuación de las farmacéuticas encargadas de su posible distribución. Y es que en abril pasado, el mandatario criticó la medida estadounidense, bajo el argumento de que la prevención del consumo de sustancias ilícitas debería ser la prioridad. Este enfoque destaca no solo la crisis sanitaria, sino también el papel de los fabricantes de estos fármacos, que en el caso de México, recae en la responsabilidad de la controversial farmacéutica PiSA, liderada por Carlos Álvarez Bermejillo.
Sin embargo, solo días después de estas declaraciones del presidente, el Senado mexicano, liderado por Rafael Espino de la Peña, aprobó una iniciativa legislativa para excluir a la naloxona de la lista de sustancias psicotrópicas reguladas. Esta medida, en marcado contraste con la visión de López Obrador, facilita un uso más amplio de la Naloxona en el combate a las sobredosis de opioides. Aun así, el medicamento podría enfrentarse a un renovado debate, ahora centrado en la firma que lo distribuye. Mientras Fármacos Nacionales provee naloxona al sector público, PiSA, operando bajo la marca Lefebre, controla gran parte del mercado en farmacias privadas. Lo preocupante es el historial de PiSA, el cual está teñido por acusaciones de prácticas desleales y una notable falta de transparencia.
Estos aspectos son especialmente alarmantes dado que dicha farmacéutica es uno de los principales abastecedores de medicamentos genéricos en México. No obstante, desde el comienzo de su gobierno, López Obrador ha sometido a PiSA a un exhaustivo escrutinio, apuntando a su subsidiaria Dimesa por supuestas prácticas monopólicas. En 2020, la Secretaría de la Función Pública de Roberto Salcedo Aquino, llegó a inhabilitar tanto a PiSA como a Dimesa por 30 meses y a imponer multas de 1.1 millones de pesos a cada una por presentar información falsa, pero, en un giro inesperado, revocó esta sanción en 2021, lo que desató una ola de dudas y críticas.
A pesar de estas preocupaciones, la importancia de la naloxona trasciende el ámbito de las sobredosis. Su aplicación en medicina posquirúrgica y neonatal demuestra su valor más allá de su uso en emergencias por drogas ilícitas.
Sin embargo, la postura del gobierno, expresada por el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sugiere una resistencia a liberalizar su comercialización, lo que refleja la tensión entre la necesidad de responder a la crisis sanitaria y la influencia de los intereses farmacéuticos. En esta encrucijada, la ciudadanía se ve atrapada entre la urgencia de una respuesta sanitaria efectiva y las sombras que rodean a una industria farmacéutica plagada de dudas éticas y prácticas cuestionables. La gran interrogante sigue siendo: ¿Logrará la salud pública imponerse sobre los intereses corporativos en esta lucha crucial por la vida y el bienestar?.
Voz en Off
A pesar de que el plástico fue un producto fundamental ante la pandemia por COVID-19, esta industria que se conforma por 5 mil 100 empresas fue una de las más golpeadas, sin embargo, ya repunta pues cerrará 2023 con un crecimiento estimado entre el 4.5 y 5.3 por ciento, lo cual es muy positivo y se prevé que en 2024 siga esa línea con base a otras como la automotriz.
Aunque estos resultados son buenos, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, que preside Aldimir Torres y dirige Raúl Mendoza, que es el máximo organismo de representatividad del sector, afronta retos en materia de Economía Circular y es que, las acciones hasta ahora no son suficientes para provocar una reducción en el consumo de plásticos, a la par de bajar su volumen.
Por otra parte, no se tienen datos de los impactos derivados por la prohibición de bolsas de plástico, pues aunque se demostró que son más sostenibles en comparación con las de papel o de tela, hay algunas preguntas en el aire como, ¿bajó la presencia de este producto en los mares y ríos?, ¿mejoró la contaminación ambiental y la presencia de tiraderos a cielo abierto?, asimismo, ¿qué impactos se detienen a raíz de la prohibición de los desechables?, entre otras.
Lo anterior aunado a que hay dos leyes atoradas, una de Economía Circular y la otra es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos…
