Desde el inicio de la presente administración en la Ciudad de México, los empresarios dedicados a la publicidad en medios exteriores advirtieron que no veían con buenos ojos a la industria, los primeros focos de alerta se encendieron cuando la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda canceló toda posibilidad de diálogo entre empresas y el gobierno a través del Consejo de Publicidad Exterior. La publicación de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México el 6 de junio de 2022 confirmó la intención del Gobierno de la CDMX de desaparecer los anuncios publicitarios en la capital, prohibiendo la instalación de los tipo autosoportados y muros ciegos en las principales vialidades.
Bajo el argumento de impulsar una nueva forma de instalar anuncios , el gobierno incorporó en la actual ley formatos que no son de interés de los anunciantes por sus reducidas dimensiones y que además presentan dificultades técnicas para su instalación como el caso de las llamadas carteleras en planta baja.
En la actualidad la totalidad de bajo puentes y pasos a desnivel en los corredores publicitarios no tiene superficie disponible para instalar anuncios sin dejar de lado que las empresas que lograron obtener un permiso pueden prorrogarlo hasta por dos ocasiones lo que significa la posibilidad de explotarlos hasta por 25 años lo cual hace imposible la participación a otras empresas.
Aunque la autoridad ha centrado sus argumentos en afirmar que la nueva legislación para regular anuncios publicitarios busca garantizar la seguridad de los habitantes de la ciudad a través del retiro de los anuncios tipo azotea, de los cuales el 50 por ciento permanece aún instalado, la realidad es que la actual legislación redujo aún más los espacios disponibles así como los formatos los cuales han sido abiertamente rechazados por las marcas, y anunciantes pues a casi un año de la publicación de la ley actual la autoridad no ha emitido algún permiso o licencia para estos nuevos tipos de anuncios lo que muestra un fracaso en la estrategia.
Liderazgo Arquitectos
Es muy posible que Rodolfo Sánchez Zaragoza se convierta en el nuevo presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos de México (CAM-SAM) para el período 2023-2025, una vez que se lleven a cabo las elecciones que se celebrarán el próximo miércoles 26 de abril. Su trayectoria tanto en el sector privado como en el público lo avalan para relanzar a este organismo de los arquitectos como un importante interlocutor y ser factor de mayor acercamiento con el gobierno capitalino y las autoridades locales y federales que tienen incumbencia en los grandes proyectos de edificación, infraestructura y equipamiento urbano en esta ciudad.
Además, propone también crear una bolsa de trabajo empresarial, establecer nexos profesionales con las universidades, mejorar la imagen corporativa del Colegio, modernizar sus espacios y emprender un programa de credencialización que promueva el sentido de identidad y pertenencia entre los socios, entre otros objetivos.
Voz en Off
No hay que perder de vista lo que dice la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que está externando su preocupación sobre la aprobación en el Congreso de la Unión de la Iniciativa del Ejecutivo Federal, que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Mineras; de Aguas Nacionales; del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos, en materia de concesiones para minería y agua. La Barra la califica de riesgosa o incluso quizá inviable, en virtud de que se afectarían los derechos adquiridos y el patrimonio de los titulares de concesiones mineras, así como a los titulares de concesiones de aguas nacionales para uso en minería, violando con ello derechos constitucional, afectaría a más de 70 sectores industriales que dependen de los minerales para su desarrollo, como los sectores automotriz, siderúrgico, energías renovables, electricidad y farmacéuticos, dañando más 417 mil empleos directos y 2.5 millones indirectos, lastimando la calidad de vida de 696 comunidades ubicadas en 21 municipios, y la economía nacional al ser la minería una de las 5 industrias que más aportan al PIB Industrial (8.6%) y nacional (2.5%), en lo que estará también aportaciones fiscales anuales por ISR y pago de derechos especiales sobre minería por más de 70 mil millones de pesos. Grave panorama…
