Son abundantes las opiniones de expertos sobre lo difícil que será contar con una vacuna contra el COVID-19 a fin de año que sea realmente eficaz, segura y durable. También es vasta la literatura sobre los problemas que enfrentará la industria farmacéutica para producir, distribuir y aplicar más de 7 mil millones de vacunas en todo el mundo. No obstante, un tema aún más preocupante que los anteriores es, sin duda, la lucha económica y política por ser el primero en tenerla y controlar su distribución.
En los últimos meses hemos presenciado una auténtica contienda entre laboratorios, farmacéuticas y universidades para ver quién desarrolla primero la vacuna. Después de todo, lo que está en juego no es solo el reconocimiento científico (el premio Nobel de Medicina) sino la propiedad intelectual. El problema es que esta carrera científica, cuya competencia beneficia a la humanidad, ha adquirido tintes políticos preocupantes. Así lo demuestra el surgimiento de una nueva rivalidad entre bloques claramente motivada, esta vez no por una carrera armamentista, sino por intereses políticos vinculados al control comercial del nuevo fármaco y su rentabilidad geopolítica.
En este nuevo capítulo de la “guerra fría”, muchos nacionalismos y autoritarismos de corte populista se juegan su futuro, como es el caso de Rusia con su nuevo Sputnik, de China y su lucha por sobreponerse a los señalamientos respecto a su responsabilidad en la pandemia, o de Estados Unidos y la necesidad del gobierno de Trump de resarcir el daño por su pésimo manejo de la crisis sanitaria con una elección en puerta y la reelección pendiendo de un hilo.
Así lo demuestra también la lucha comercial desatada en torno a la adquisición de los primeros lotes de la eventual producción de la vacuna. Muchos países ricos han comenzado a comprar por adelantado una futura vacuna que aún no existe ni está 100 por ciento probada. Por ejemplo, Estados Unidos ya concretó un contrato por 2 mil millones de dólares con Sanofi y con GlaxoSmithKline. Lo mismo la Unión Europea, que ha reservado 300 millones de dosis de la primera producción prevista para 2021; en tanto que Canadá ha anunciado un acuerdo con Pfizer y Moderna.
Países de ingresos medios y bajos — entre ellos México— han anunciado el inicio del pago de una eventual vacuna en el marco del mecanismo COVAX, encabezado por la OMS. Para muchos, la alianza entre 172 en torno a este mecanismo internacional representa la verdadera solución global para garantizar acceso al fármaco y evitar una distribución desigual del mismo. La pregunta es, ¿prevalecerá la cooperación internacional o los intereses económicos y políticos de quien controle la vacuna? No olvidemos que, como lo ha señalado Kenneth Fraizer, CEO de Merck, en esta carrera corremos el riesgo de dejar fuera a los más pobres, lo que eventualmente nos pondrá de nuevo en riesgo a todos.
El hecho es que, como humanidad, estamos en medio de una carrera voraz por el control de una vacuna que aún no existe y que, cuando esté más o menos lista, tal vez no esté disponible para todos.
