Este radiante introito se refiere a la multimillonaria deuda contratada irresponsablemente, en la mayoría de los casos, por gobiernos locales dirigidos por los gobernadores constitucionales, esos nuevos caciques del siglo 21. Los empréstitos superan ya la cantidad de 400 mil millones de pesos, cuyo destino, sálvese el que pueda, se extravía en la densa noche de los tiempos.
La corrupción se ha regionalizado, como ocurrió en Coahuila, Chiapas, Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz y Michoacán, entre otras entidades más. Si partimos de la inexistencia de las culpas absolutas tendríamos que preguntarnos, dónde acaba la de las autoridades y comienza la de la sociedad civil que contempla anestesiada, cómo se hipoteca el futuro de sus hijos y, sin embargo, no protesta. ¿Marchas ciudadanas de indignación por los malos manejos? ¡Cero! ¿Paro de contribuyentes que comprueban cómo sus impuestos se destinan a financiar los hurtos de los caciques y no a servicios públicos, entre otros menesteres? ¡Cero!
Sin embargo, surge un “presunto” legislador perredista llamado Raúl Morón, obviamente de un solo apellido… que solicitó la creación de un FOBAPROA estatal, es decir, que el gobierno federal absorba la deuda adquirida por las entidades federativas y de esta manera legalizar los hurtos y dejar a los culpables en paz y a salvo, al fin que las deudas regionales “solo” valen el 2.7 del PIB y el 14 por ciento de la deuda federal…
En resumen, dicho congresista pretende que todo el país pague la irresponsabilidad fiscal de los gobernadores defraudadores de los tesoros públicos locales.
¿Todos los mexicanos debemos cooperar con nuestros impuestos a la amortización de las malversaciones de fondos de Moreira o de Fidel Herrera, etc…?
Estoy convencido de que una de las fórmulas para crear una conciencia cívica y política es a través de la agresión de los bolsillos de los ciudadanos por medio de incrementos tributarios o de espirales inflacionarias que erosionan sus ahorros.
Otro recurso consiste en obligar a los contribuyentes y a las legislaturas locales a asumir su responsabilidad fiscal y pagar las deudas adquiridas por sus respectivos gobiernos ocultas en una densa opacidad, en lugar de equipar escuelas, construir universidades y mercados, entre otras obras de infraestructura imprescindibles socialmente.
En efecto, que regios, tamaulipecos, michoacanos y veracruzanos amorticen dolorosamente sus deudas durante décadas para orillarlos a exigir cuentas a sus gobernantes, a politizarlos, a que tiren las puertas de sus congresos para denunciar penalmente a los legisladores cómplices de las estafas y se imponga el orden financiero.
Urge una reforma constitucional que, dejando a salvo la soberanía de las entidades federativas, imponga un control en materia de endeudamiento regional que no vuelva a convertir en astillas el gran sueño mexicano, de la misma manera en que en la actualidad se encuentra amenazada la integridad de la Unión Europea por la irresponsabilidad fiscal de ciertos países de la zona.