Las líneas en la frente de María se acentúan mientras su mano, temblorosa, acaricia la espalda que resguarda su dolor. Con cada paso, una punzada le recuerda la fragilidad de su ser a sus 70 años de vida.
Sus días, anteriormente llenos de risas y paseos por el mercado de su colonia, ahora se ven oscurecidos por un dolor que, como lava, fluye desde su espalda, atravesando glúteos y descendiendo hasta sus tobillos, convirtiendo cada paso en un reto monumental. Un paracetamol, relicario de una visita previa al IMSS donde su hija la tiene asegurada, es su única arma en esta batalla desigual contra sus dolencias físicas.
Sus días se tornan más oscuros cuando María y su hija esperan recibir una cita para que sea atendida por un especialista, pero el alivio se hará más largo por la fría frase: “No hay citas disponibles”. Por ahora su única alternativa es un Consultorio Adyacente a Farmacia (CAF). Allí le sugieren que se realice una Resonancia Magnética y la posterior consulta con un especialista, pero esto representa elevados costos alejados de su realidad económica.
La consulta con un especialista oscila entre los mil y tres mil pesos, mientras que una Resonancia Magnética ronda entre los 4 mil 462 y los 19 mil pesos (costos a septiembre 2023).
La falta de capacidad del sector salud para ofrecer citas y proporcionar camas es un problema heredado de administraciones anteriores. A pesar de los esfuerzos realizados para establecer un sistema de salud robusto, las escenas de pacientes sentados por días, a la espera de acceder a una cama, evidencian una de las muchas problemáticas que aún quedan por resolver.
Muchos mexicanos se enfrentan a la disyuntiva de pagar altos costos por atención médica privada o esperar por una cita en el saturado servicio de salud pública.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022 señala que seis de cada diez mexicanos optaron por servicios médicos privados en 2022, representando un significativo “gasto de bolsillo”. Asimismo, el 13.1 por ciento de beneficiarios del IMSS recurrieron a un CAF debido a la saturación de sus servicios.
¿Sería la adquisición de un seguro de gastos médicos privado la solución para atender a la salud de los que menos tienen?
Actualmente, el 10 por ciento de la población mexicana cuenta con cobertura de un seguro de gastos médicos privado, ya sea adquirido por cuenta propia o como prestación laboral. Sin embargo, el incremento en los costos hospitalarios está ejerciendo una presión insostenible sobre las primas de los seguros, generando una reducción del 6.8 por ciento en el número de asegurados, de acuerdo con el reporte del segundo trimestre 2023 de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).
La inflación médica, la cual es debida a los costos de servicios hospitalarios es la causa de la presión en las pólizas de gastos médicos, se estima que para este año sea del 19 por ciento, cuatro veces mayor que la inflación general. El principal componente de la inflación médica son los elevados costos de la atención hospitalaria; ya que los honorarios médicos y los medicamentos no representan un impacto significativo en el incremento de los siniestros promedio para la población asegurada.
Esta inflación médica en los servicios privados de salud impacta directamente en la siniestralidad y, por ende, en el aumento del precio de los seguros de gastos médicos, dificultando el acceso a este tipo de aseguramiento para personas como María. Por otro lado, muchos de los asegurados de bajo riesgo podrían cancelar sus pólizas, ejerciendo una presión adicional sobre los ya saturados servicios de salud pública.
Ante este panorama, es imperativo que el Estado mexicano fortalezca su sistema de salud pública y potencie una medicina preventiva efectiva. La creciente inflación médica plantea un debate crucial: ¿Debería el Estado intervenir para regular los costos en la atención médica privada, o se debería permitir que las fuerzas del libre mercado dicten el rumbo?
