El Congreso de la Unión aprobó la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la cual se extinguen 13 fideicomisos de los cuales seis son de la Suprema Corte, con un monto de 6 mil 241.9 millones de pesos; cinco del Consejo de la Judicatura, con 15 mil 281 millones, y dos del Tribunal Electoral, con 15 millones 941 mil pesos, para un total de 21 mil 538 millones 841 mil pesos.
La reforma no afectará los derechos laborales ni los salarios que perciben los más de 55 mil trabajadores, puesto que año con año son cubiertos con lo que se etiqueta en el Presupuesto de Egresos de la Federación para tal fin.
Ahora bien, los recursos complementarios que solicitaba el Poder Judicial iban directamente al monto de los fideicomisos y en ningún momento beneficiaron a la base trabajadora, solamente a una cúpula dorada del Poder Judicial.
La situación en que se encontraban los fideicomisos contrariaba lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se contempla que todos aquellos recursos públicos que solo generen rendimientos sin ser utilizados para los fines solicitados, deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación para asegurar una gestión centralizada y coordinada, que le permita al estado implementar políticas y programas de manera eficiente en beneficio de la nación.
Varios de los fideicomisos representan un lujo que beneficiaba solo a algunos de los funcionarios del Poder Judicial. Por ejemplo, algunos de estos excesos estaban considerados en los fideicomisos de la Suprema Corte, en los correspondiente a las pensiones complementarias de mandos superiores (789 millones 397 mil 493 pesos); así como también en las pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo (2 mil 972 millones 640 mil 326 pesos), por mencionar.
En el caso de la Judicatura algunos de los “beneficios” estaban en las pensiones complementarias de magistrados y jueces (4 mil 722 millones 319 mil 850 pesos); en el rubro de mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces (76 millones 571 mil 294 pesos), entre otros más.
Otros fideicomisos que fueron manejados de manera opaca son los del Tribunal Electoral: Fondo mixto de cooperación técnica y científica entre México y España y el referente a apoyos médicos complementarios con un monto de 15 millones 941 mil pesos.
La reforma aprobada busca poner un alto a la discrecionalidad y falta de transparencia en su manejo, así como que los recursos recuperados sean utilizados en beneficio del pueblo y no de unos cuantos.
En concreto, la reforma erradica la opacidad y los privilegios que prevalecieron en el Poder Judicial y ajusta su actuar a los principios de austeridad que norman al sector público.
