En las últimas semanas se ha consolidado la disputa por el agua entre habitantes del ejido Guadalupe Victoria y el gobierno municipal de Sabinas, Coahuila.
Este núcleo de propiedad comunitaria de la tierra tiene en los últimos 20 años una historia notable en acciones de conservación de los ecosistemas del río Sabinas, humedal prioritario en esa entidad, con acciones para la regulación del turismo y otros procesos para la restauración y denuncia ambiental.
En Guadalupe Victoria cuentan con una dotación histórica de agua otorgada por la administración del expresidente Plutarco Elías Calles de mil 115 litros por segundo para actividades agropecuarias y de 938 para usos domésticos en el poblado del ejido.
Esto tiene fácil observación en campo, porque cuando uno llega a esa ciudad, notará que en el cruce del río Sabinas hay un vado que tiene función de represa para derivar las aguas hasta el ejido mediante una acequia que distribuye a quienes cuentan con ese derecho de aprovechamiento, desde hace décadas. Adicional a esto, tienen la titularidad de dos concesiones para la extracción de aguas desde el río Sabinas, dedicadas para el usos públicos urbanos y agrícolas.
A pesar del respaldo en el uso de las aguas, de manera reiterada, las administraciones municipales han obstaculizado el uso del agua por el ejido, mediante el cierre arbitrario de la compuerta que permite el paso del agua del río Sabinas hacia la acequia conductora, sin acordar estas acciones con los habitantes del núcleo de Guadalupe Victoria y su poblado de Pueblo Nuevo, siendo la más reciente hace pocas semanas que derivó en crisis y disputa abierta.
La cancelación en el uso del agua a favor del ejido escaló a un nivel en que las compuertas fueron selladas mediante soldadura, con autoría que se presume fue del gobierno municipal de Sabinas, representado por la alcaldesa Diana Haro Martínez, de quien hay registros en video donde reconoce haber ordenado la cancelación del acceso al líquido.
Uno de los argumentos que esgrime el gobierno municipal es que se requiere disponibilidad de líquido para consumo humano, y por ello deben hacer acopio de toda lo disponible. Sin embargo, enfocan sus acciones a usuarios que dependen del agua para la siembra de cultivos usados para consumo familiar, sin molestar a los grandes millonarios que explotan y tienen concesionado grandes volúmenes del líquido.
Es el caso de Francisco Morales Purón, exfuncionario del Parque Fundidora en Monterrey, señalado de manera constante por malos manejos administrativos durante su gestión, quien explota en Sabinas más agua que nadie, con los 255 mil metros cúbicos anuales que tiene concesionados por la Comisión Nacional del Agua.
Como en muchas regiones del noreste mexicano, la disputa por el agua es un problema muy real que afecta a comunidades enteras, especialmente aquellas menos favorecidas económicamente, siendo el caso del ejido Guadalupe Victoria un ejemplo claro de esto.
En tales situaciones, a menudo se da la paradoja de que las comunidades que menos tienen son las más afectadas por la escasez de agua o por la apropiación indebida del agua por parte de otros sectores, como ocurre con la administración municipal de Sabinas, Coahuila, que en su gestión política impone una disputa por el líquido, excluyendo abiertamente la inclusión de una perspectiva de justicia social donde asegure que las comunidades más vulnerables tengan acceso al agua que necesitan para sobrevivir y prosperar.
Los conflictos por el agua vigentes en la Región Carbonífera de Coahuila tienen impacto en Nuevo León. El río Sabinas, humedal reconocido internacionalmente y que aporta fluido a la presa Venustiano Carranza en Juárez, Coahuila, es de importancia estratégica para el municipio de Anáhuac, NL, ya que tiene paso en este municipio norteño, donde se conoce como el río Salado.
El pico del desarrollo agropecuario en Anáhuac fue posible debido a los grandes volúmenes de agua procedente del río Sabinas, junto con los del río Salado desde Monclova, originando el fortalecimiento del Distrito de Riego 04; también asociado a la construcción de la presa Salinillas, que aún se mantiene con aguas originadas en Coahuila.
Aunque los niveles de producción en el norte de Nuevo León están por debajo de esos tiempos, dependen de los volúmenes que proceden desde las regiones vecinas, los cuales también han estado comprometidos coyunturalmente para el pago de agua a los Estados Unidos, asociados al cumplimiento de compromisos binacionales.
Lo que ocurre con los campesinos del ejido Guadalupe Victoria tiene su antecedente en el municipio más norteño de Nuevo León. Son notables las revelaciones hechas por la profesora Rebeca Ramírez, defensora de derechos humanos en el norte del estado, quien ha denunciado públicamente a la Comisión Nacional del Agua por haber despojado a usuarios de los derechos de agua en ese municipio de manera dolosa: aunque el fluido corre por los ríos y canales, no puede ser usada para actividades agropecuarias, por no contar con la indispensable concesión.
Una valoración de esta perspectiva regional lleva a discurrir sobre a quién beneficia la disponibilidad de agua resultante de los despojos a usuarios campesinos que explotan el elemento para actividades agropecuarias en las zonas más septentrionales del noreste mexicano. Los territorios donde se han suscitado estas imposiciones corresponden íntegramente a la Cuenca de Burgos, donde el gobierno mexicano tiene identificados amplios yacimientos de gases no convencionales, que para su explotación requieren grandes volúmenes de agua, en el contexto del método conocido como fractura hidráulica.
Si vemos la disputa por el agua en el ejido Guadalupe Victoria como una muestra preocupante de cómo los sectores menos favorecidos económicamente pueden verse afectados por la escasez de agua o la apropiación indebida del agua por parte de otros sectores, pero también como parte de estrategias que tienden a disponer del líquido para intereses económicos de mayor alcance, como los referidos.
Twitter: @tonyo_hernandez
