Tras haberse corroborado judicialmente que habían desacatado una suspensión definitiva dictada en juicio de amparo, la comisionada Ximena Puente de la Mora y su inefable escudero Joel Salas Suárez, se han determinado a emprender una batalla para pasar de la autonomía a la soberanía, constituyéndose como ínsula en el poder público nacional.
En efecto, es claro que la autonomía se refiere a la capacidad libre y no dependiente de darse a sí mismo normas internas, sin embargo, el rango otorgado por nuestra Carta Fundamental, no se traduce, ni mucho menos significa, que la entidad se sustraiga al régimen propio de toda instancia de autoridad.
Es fácil comprobar como el IFAI a través de una exótica representación jurídica, asume que su régimen le aísla y separa del resto de las oficinas burocráticas mexicanas, al grado de no rendir informes justificados ante instancias judiciales, abusando del excepcional mecanismo de la ausencia.
Más allá de eso, aplica, sin fundamento legal alguno, un procedimiento electrónico que algún mal consejero del ejecutivo federal incluyó en el reglamento que le rige, sin apoyarlo en norma o precepto de ley que permita tal facilidad administrativa, la cual en los hechos redunda en la anulación de las formalidades esenciales del procedimiento que exige nuestra Constitución.
Ese fue el error que se cometió en Brasil con Petrobras, donde los excesos plasmados en ley fueron los determinantes del abuso, sólo era cuestión de tiempo, ante la investidura que de manera ciega inmunizó a sus directivos del régimen de pesos y contrapesos que la democracia exige.
Si a la falta de oficio administrativo que concurre en los comisionados del Pleno del IFAI, se agregan plazos exagerados para desempeño, y que tal entidad constituye última instancia inapelable, en el corto plazo se engendrará una de las perversiones del régimen de autonomía. Desviación mal entendida que impulsan interesadamente tanto el PAN como el PRD, para acicatear y entorpecer las acciones de gobierno, en ánimo de generar un ambiente enrarecido en el que ganen los pescadores y sus esbirros.
Ahora han comenzado por inventar solicitudes, recursos y agravios, sin dar audiencia a los interesados, y esgrimiendo el inexistente principio de “deferencia”, bajo el cual pretenden articular un fuero inmunizante, de esos prohibidos por la Constitución.
El pacto federal es claro, sólo existen tres poderes que ejercen el supremo poder nacional, a parte de ellos, todos deben sujetarse a una instancia superior que vele por el cumplimiento de los deberes exigibles a las instancias de autoridad.
El principio de revelación muy lejos está de ser el derecho fundamental preeminente de los mexicanos.
La laxitud de acción que se ha dado al IFAI se traduce en potestades discrecionales que ya han hecho estragos en los derechos laborales de quienes ahí trabajaban.
Se ha permitido al Pleno ser acusador, juez y revisor de todos los recursos, devolviéndonos al más oscuro proceso medieval.
Por eso ríe la ‘como si nada’ Puente.