El presidente López Obrador develó su peor rostro, el de un aspirante a dictador que utiliza a las instituciones y viola la ley.
El enojo presidencial se debe a que se hizo público que su hijo mayor está siendo favorecido por una empresa contratista del Gobierno. Por más de 20 años, López Obrador nos ha recetado arengas basadas en la austeridad, en el combate a la corrupción, en la eliminación de los privilegios, y hoy, su propia familia le ha tumbado, palabra a palabra, este discurso.
Se sabe que la empresa Baker Hughes tuvo diversas ampliaciones a su contrato inicial con Pemex y recibió más de 190 millones de dólares sin que el Consejo de Administración las aprobara. Pero la corrupción de este Gobierno no para ahí, el servidor público que firmó estas ampliaciones ahora dirige el Consejo de Administración de Deer Park, la refinería que compró Pemex en Texas.
¿Cuántos contratistas más tienen cercanía con la familia presidencial?, ¿cuántos beneficios más recibe y seguirá recibiendo el hijo mayor del primer mandatario?
Ante estas dudas, es necesario que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue la red de servidores públicos y no servidores públicos que están coaligados para recibir beneficios de Pemex o de alguna otra empresa del Gobierno federal. Así lo propusimos en el Senado de la República para que se exhorte a las autoridades a hacerlo, es más, hasta les llevé una réplica de la “Casa gris” a los legisladores de Morena, después de una larga discusión, dijeron no.
Lamentable lo subordinados que están los legisladores de Morena al Presidente. Si en el caso de la también conocida “Mansión del Bienestar” no hay delito que perseguir, ¿por qué se oponen a que se conozca la verdad?
Sin duda, necesitamos más investigaciones periodísticas como las realizadas en estas últimas semanas, ya que, al parecer, la familia del Presidente se ha servido con la cuchara grande desde las instituciones.
Primero, con los contratos de su prima Felipa en Pemex. Ahora, su hijo con una casa en Houston de uno de los altos funcionarios de la empresa Baker Hughes. Se vea por donde se vea, la corrupción impera al interior de la familia presidencial.
Pero ¿qué ha hecho el Presidente? En lugar de investigar y castigar esta red de corrupción al interior de su Gabinete y en su familia, agrede a quien lo visibilizó, es decir, violenta al mensajero en lugar de atender el mensaje.
Con 54 periodistas asesinados en su administración, el presidente López Obrador sigue fomentando las agresiones en contra de este sector que dedica su vida a la libertad de expresión y de prensa. Ese es el problema de este Gobierno, que criminaliza el actuar de los periodistas, de los opositores al régimen y se les expone desde la tribuna presidencial.
La “Casa gris” no debe quedar impune.
