Desde los cruentos hechos ocurridos en 1994 con la explosión de la guerrilla en Chiapas, asesinatos políticos y, por supuesto, la terrible crisis financiera, nuestro país entró en una larga y oscura noche que ni la alternancia partidista en la presidencia de la República pudo iluminar. De hecho, los últimos doce años de casi nulo crecimiento económico -pese a los históricos precios del petróleo- y el subsecuente desgarramiento del tejido social que tiene en la cifra de muertes violentas su más gráfico y aterrador signo, son dos hechos históricos que caracterizarán una etapa de nuestra historia que, pareciera, está quedando atrás.
Sin embargo, tal vez lo más interesante de todo esto es que una de las grandes paradojas de todo este proceso es que la etapa que será reconocida por nuestra historia como la “transición democrática” fue iniciada y concluida ni más ni menos que por el PRI: el otrora partido autoritario, criticado y acusado por muchos de ser el origen de todos las desgracias políticas y económicas del país.
Una brevísimo y apretado recuento de hechos para dar sustento a lo anterior tiene que partir de los violentos acontecimientos políticos que sacudieron al país en 1968 y 1971. Las movilizaciones estudiantiles de aquellos años y su represión por parte del Estado marcaron un punto de quiebre en nuestra historia y dieron paso al inicio de una serie de reformas políticas, mediante las cuales se fue esculpiendo un sistema de partidos más o menos plural que permitió a partidos de oposición, a lo largo de treinta años, ir ganando espacios de poder en municipios; en el Congreso; en gobiernos estatales y, finalmente, en la Presidencia de la República en el año 2000.
Así, la transición democrática mexicana, iniciada en su fase institucional en un gobierno priista con la reforma política de Don Jesús Reyes Heroles está por concluir, en otro gobierno priista, con la conformación de un gobierno de coalición de facto, caracterizado en este momento por el Pacto por México; un gobierno que está dando signos de gran capacidad para imprimirle cierto grado de eficacia a esa democracia que apenas empezamos a conocer los mexicanos.
Así, las reformas políticas que conducirán a la formación institucional de un gobierno de coalición, tal y como lo señala el propio Pacto por México, podrían poner punto final al periodo de “transición” y marcar el inicio de una nueva era de acuerdos en un marco institucional plenamente pluralista y democrático.
Esta parece que será la verdadera batalla, la batalla por la historia. Para el PRI y el gobierno emanado del PRI, el gran desafío estará en romper la inercia de Partido de Estado y mantener la coalición hasta que se institucionalice; para el PAN, el partido que se propuso obtener el poder sin perder el partido, y que perdió el poder y parece estar perdiéndose como partido, su reto estará justamente en no desdibujarse y reconformar sus bases históricas de apoyo de las cuales se alejó estando el poder; y para la izquierda, el gran reto será mantenerse unidos y convencer a sus militantes y a la sociedad en general de que, aunque no son gobierno, ya están gobernando al ser los principales autores del Pacto, aunque paradójicamente lo estén haciendo con el PRI.