En materia de política energética para sorpresa de propios y extraños, el Gobierno federal ha apostado a favor de las energías fósiles, y en contra de las energías renovables.
El asunto es sorprendente porque México ha suscrito sendos tratados internacionales en los que se ha comprometido justo a lo contrario, es decir, a reducir sus emisiones contaminantes. Así lo hizo en la Convención Marco de las Naciones Unidas (ONU) sobre Cambio Climático, pero también en el más reciente Acuerdo en Materia de Cooperación Ambiental entre los Gobiernos de México,Estados Unidos y Canadá, suscrito en el contexto del T-MEC.
Y no sólo eso, sino que también en la legislación interna se han fijado esos compromisos, a través de la Ley General sobre Cambio Climático, y de la Ley de Transición Energética.
Sin embargo, echando por la borda todo ese entramado legal, la Secretaría de Energía emitió el “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, que incentiva el uso de energías fósiles e inhibe la generación de proyectos de energías limpias y renovables como la eólica o la solar.
Qué lejos parecen quedar aquellos compromisos de nuestro país, asumidos en el Acuerdo de París, de mitigar las emisiones de carbono en un 51 por ciento, y los gases de efecto invernadero en un 22 por ciento para el año 2030.
Pero además, cuando el Acuerdo impone limitaciones para nuevas centrales de generación de energía renovable; cuando limita la emisión de permisos de nuevas plantas de energía solar o eólica; cuando prohíbe construir nuevos proyectos en lugares que considera congestionados, está violentando otra serie de leyes que ya regulan todos estos aspectos.
Y cuando el Acuerdo le entrega a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), márgenes adicionales de control sobre el mercado de la energía, está conculcando disposiciones en materia de libre concurrencia y competencia económica consagradas no sólo a nivel de ley, sino en la propia Constitución.
Para colmo, con el Acuerdo de marras, la Secretaría de Energía se arroga atribuciones que corresponden a otros entes públicos que gozan de autonomía como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE); a ambas las atropella en sus funciones y facultades, en un proceso de concentración de poder que ya se está convirtiendo en sello distintivo del Ejecutivo federal.
La buena noticia es que el Poder Judicial está tomando cartas en el asunto, y todo parece indicar, que provocará un cambio relevante en la política energética, pues no sólo ha otorgado diversos amparos a varios particulares, destacando la suspensión definitiva que lograron Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, sino también atender la controversia constitucional, que promovió la Cofece.
El asunto no es menor, implica no sólo un gran atropello a la legalidad, sino también un golpe artero al medio ambiente, y ni lo uno ni lo otro es algo que podamos permitirnos en este país. Afortunadamente el Poder Judicial está sacando la casta y está viendo por el futuro de México y de las próximas generaciones.
