Sorpresivamente, José Antonio Centeno Reyes se ha convertido en paladín de la trasparencia y anticorrupción en el interior de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), lo cual parece muy bien y debería ser el camino de todas las organizaciones empresariales y deberían tomar su ejemplo. Sin embargo, lo que no suena muy bien son dos temas que podrían terminar en una investigación minuciosa. En primer lugar, durante las compras consolidadas 2013-2017 que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) licitó a nombre de todo el sector Salud de México, incluyendo algunas instituciones de Salud de diversas entidades federativas, Centeno Reyes, aprovechando que presidía el Sector Médico de Canacintra, tuvo una gran cercanía con Miguel Ángel Servín Diago, entonces titular de la Unidad de Administración del IMSS, y su operador, Javier Adolfo Soto Soto, encargado de la coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del propio IMSS.
El motivo fue favorecer con compras multimillonarias a las empresas que representaba en lo personal el ahora presidente nacional de Canacintra, entre ellas, Biomédica Mexicana S.A. de C.V., propiedad de Centeno Reyes y su esposa, mediante acuerdos económicos en diferentes claves de la licitación de la famosa compra consolidada. Y la segunda muestra sería el modus operandi que ha pretendido reeditar ahora, solo así se explica que busque reunirse con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, a espaldas de los miembros de Canacintra. ¿Cuál sería el motivo? Descarte usted el promover la proveeduría a la industria militar, el verdadero interés de Centeno Reyes podría señalarse de personal, la venta al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfam) de los productos de Biomédica Mexicana S.A. de C.V.
Señalamientos a tortilleros
Apenas desde el despacho presidencial de Palacio Nacional se dio el diálogo en que se determinó sostener reuniones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los empresarios dueños de Maseca y Minsa, al ser señalados culpables del aumento en el costo de harina de maíz nixtamalizado en México, y que también habría acercamiento con otros empresarios para que expliquen cuál es la justificación para los altos precios de la tortilla.
Y hoy ya se está levantado la voz para defenderse de los señalamientos; de ahí que no tenga duda que esta semana nuevamente sea tema de conversación, porque aunque miembros de la Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla se estén haciendo escuchar no detendrán a la 4T en su intento de negociar que el tema se le salga de las manos, porque las presiones inflacionarias continuarán. El argumento en defensa es que en 2020 compraban la tonelada entre cuatro mil 300 y cuatro mil 900 pesos, y ahora la adquieren en nueve mil 500. Tengo la seguridad que escucharemos aún del tema.
Voz en Off
No le fue absolutamente nada bien al presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Leopoldo Melchi García, quien fue duramente cuestionado por el mínimo avance en la autorización de permisos para la instalación de gasolinerías en el país. Su argumento es que en algunas ciudades y municipios hay demasiadas estaciones de servicio, y quizá eso se entendería, pero si aritméticamente se revisan el parque vehicular y las estaciones que existen, ahí es donde está el diferendo. Así que, si usted ve a Melchi García, avísele que lo andan buscando para preguntarle cómo van los trámites pendientes de autorización, ya ve que se le da por mínimas apariciones, y menos se le ocurra a usted pedirle una selfie…
