Desde principios de siglo ya se detectaba la necesidad de institucionalizar a este país. No es gratis que el partido oficial se llevara el nombre de Revolucionario Institucional y fuera el encargado de hacer llegar a todos los rincones del país la promesa de modernidad.
El diagnóstico era inmejorable, no así la implementación. El PRI no comprendió que las instituciones no son los edificios, secretarías o sindicatos que engendraba.
Institucionalizar consiste en establecer claramente un marco normativo. Es enfrentar a los individuos a información e incentivos que alineen el interés público y el privado.
En los pasados meses hemos enumerado algunos de los alcances que tiene el esfuerzo reformador del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero quizá la principal limitante sea la ausencia del Estado de Derecho.
Deberían indignarnos pero no sorprendernos los hechos sucedidos en Iguala. De cierta forma es un cruel recordatorio de que no podemos “graduarnos” como un país moderno si no tenemos bien fincados los cimientos.
Lamentablemente también es una muestra de que hay estados y municipios en donde el Estado está rebasado.
Lejos del debate económico sobre cuáles monopolios debería administrar el Estado, el del uso de la fuerza en defensa de los derechos de los ciudadanos es el único que no debe ceder a particulares y que en México pareciera que ya está cedido.
No existen los atajos. El problema de la violencia no solamente radica en darle el mote de guerra a la estrategia de combate o la cobertura mediática. Los asesinatos no desaparecen dejando de voltear a verlos o dejando de hablar de ellos. No existen los atajos.
Ya se ha mencionado en este espacio que la solución no consiste tampoco en penas más duras. Si no en que en efecto sean efectivos los castigos. En México quien delinque sabe que los castigos a los criminales son la excepción y no la regla.
De hecho las muestras del caos institucional no sólo residen en las muestras de violencia. No es posible que un partido político que forma parte del sistema y debe estar comprometido con la armonía de la vida institucional del país, solicite una consulta popular respecto a la reforma energética.
¿Será que no gastamos suficiente en celebrar elecciones o en el salario de nuestro legisladores?, o ¿no tenemos procedimientos claros para promulgar leyes y reformarlas?
Lo peor es que el caso no quedó para el anecdotario y ya lo analizó y desechó la Suprema Corte de Justicia.
México es un país de leyes, pero sólo porque tenemos una cantidad industrial de leyes, reglamentos y códigos.
Leyes con amplio espacio a la interpretación o complicadas de seguir o implementar llevan al incumplimiento y la corrupción. En pocas palabras: para poder jugar bien al juego las reglas deben de ser claras.
El éxito de las reformas no nos lo darán las portadas de la prensa extranjera o su buena opinión, tampoco radicará en cuántas voluntades políticas pueden reunir a su alrededor.
Más bien consistirá en que el gobierne instaure un efectivo Estado de Derecho y se institucionalice.
No se necesita ser economista para descifrar que el desarrollo económico de un país es inversamente proporcional al número de fosas clandestinas que encuentran en él.
La etapa de correcta implementación de las reformas se antoja la más complicada para el Gobierno Federal.