La excandidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez, tendría que hacer un análisis serio sobre la estructura del juicio de impugnación para anular la elección de la capital de Nuevo León, sin duda.
En la lectura del proyecto del magistrado Eduardo Bautista del Tribunal Estatal Electoral, se vinieron abajo todos los argumentos de los abogados de Mariana, los cuales, incluso, fueron calificados como inatendibles, inoperantes e infundados, pero, además, intentaron dañar la credibilidad de las elecciones en conjunto.
Es decir, toda la elección.
Y la narrativa del juicio de inconformidad fue calificada por el proyecto del magistrado de increíble e inverosímil.
La realidad es que Mariana debe reclamar a sus abogados por la forma en la que armaron los agravios de su demanda de inconformidad, que fue totalmente inoperante y, en una de esas, exigir que le regresen el dinero que le cobraron.
Si los abogados en este proceso le dijeron a Mariana que había muchas posibilidades de anular la elección regia, parece que pecaron de optimistas, pues fallaron claramente en intentar acreditar una supuesta violencia política de razón de género.
La simulación del nuevo juicio político
Con la novedad de que al Congreso local llegó otro juicio político contra el gobernador Samuel García, una herramienta que fue interpuesta por la diputada federal del PAN, Annia Gómez y el legislador del PRI, José Luis Garza Ochoa.
Y como bien dice el diputado de Movimiento Ciudadano, José Alfredo Pérez Bernal, esto de otro juicio político contra Samuel García es toda una comedia, un espectáculo montado por el PRI y PAN.
Ayer hasta se le dio entrada a este nuevo juicio político en la Comisión Anticorrupción, es decir, los legisladores panistas y priistas buscan aplicar esta herramienta contra el mandatario sin contar con los votos necesarios para que se realice.
Los diputados aún no sesionan para sancionar al mandatario estatal por los delitos electorales a pesar de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya hizo el ordenamiento del castigo, y ahora quieren un juicio político.
