El Instituto Nacional Electoral (INE) fue informado en su momento, por observadores electorales, de la intervención del crimen organizado en alrededor del 35 por ciento del territorio nacional durante el proceso de 2020-2021, el más grande de la historia del país, por la concurrencia federal, estatal y municipal.
El elefante sí está en la habitación, crece cada día más, y ya es tan grande que solo alcanzamos a verle la trompa. Para visibilizarlo completo debemos comenzar por nombrarlo: hay que dejar de llamar violencia política a la violencia delincuencial en las elecciones. Ese es un nombre que minimiza la magnitud del problema. Hay, por parte del crimen organizado, una maquinación para apoderarse de los órganos de gobierno y ponerlos a su servicio.
Aunque se pretenda ver el asunto como una serie de casos aislados, los grupos delincuenciales mexicanos, que están entre los más sofisticados del mundo, de acuerdo al Índice Global del Crimen Organizado, ya operan regularmente en los procesos electorales, con una cada vez más violenta, notoria y extendida presencia.
Es evidente que mientras crece el territorio bajo su control, más poder político va ganando el crimen organizado, pues una de sus estrategias es corromper, amenazar y hasta asesinar servidores públicos o aspirantes y candidatos, para operar con “manga ancha” y, por supuesto, obtener dinero del erario público.
Una de las conclusiones del mencionado Índice Global, que coloca a México en el cuarto lugar mundial con mayor presencia del crimen organizado, señala que el Estado de Derecho está en constante riesgo en países con un alto nivel de criminalidad, comenzando por uno de sus principales pilares, la democracia.
Para frenar efectivamente la intromisión del principal enemigo de la democracia en las estructuras de gobierno no basta una estrategia exitosa de seguridad pública, que ni siquiera tenemos, lamentablemente, es necesaria una serie de reformas legislativas de carácter electoral.
Por ello, he presentado en la Cámara de Diputados diversas iniciativas para detener y erradicar la intervención del crimen organizado en las elecciones. Desafortunadamente no han progresado, pero creo que son, más que pertinentes, indispensables en la defensa de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho.
Comenzaré por describir las propuestas para modificar la Constitución: El 21 de diciembre de 2022 apareció en la Gaceta Parlamentaria mi iniciativa para reformar los artículo 19, 34, 41 y 115, que propone establecer prisión preventiva oficiosa por la participación de organizaciones delictivas en los procesos electorales; crear las figuras del comisionado y el observatorio electorales, con las facultades necesarias para determinar posibles elementos para considerar una infiltración de organizaciones delictivas en los procesos electorales; y facultar al INE para dar vista de ello a los congresos estatales, solicitando la disolución de los gobiernos municipales respectivos.
El 28 de marzo de este año apareció en la Gaceta Parlamentaria la propuesta para reformar el artículo 41 constitucional, de manera que la intervención del crimen organizado en las elecciones federales y locales sea una causa de nulidad de las mismas.
En el próximo artículo abordaré la iniciativa de reforma a leyes secundarias. Entre otras modificaciones, propongo cancelar el registro y retirar el financiamiento a los partidos políticos que permitan la injerencia del crimen organizado en su favor durante los procesos electorales. Es imperativo blindar nuestra democracia de la interferencia del crimen organizado, al que hay que combatir en todos los frentes.
