La iniciativa de reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para prohibir la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares, así como sustancias tóxicas y drogas sintéticas no autorizadas como el fentanilo, pone sobre la mesa una discusión crucial acerca del equilibrio entre la protección de la salud pública y el prohibicionismo.
Esta iniciativa que busca adicionar disposiciones específicas a los artículos 4to y 5to de la Constitución, además de ser un acto de regulación es una declaración de los valores y prioridades del gobierno en cuanto a la salud y el bienestar colectivo, particularmente de los jóvenes que son el grupo más vulnerable ante estas sustancias.
El fentanilo ilegal (que es diferente al de uso legal empleado en medicina), es un opioide sintético extremadamente potente, su consumo está provocando una crisis de salud sin precedentes en los Estados Unidos, contribuyendo a una escalada en las tasas de sobredosis y muertes relacionadas con esta droga, exacerbado la violencia, la comisión de delitos y la erosión del tejido social.
Por otro lado, los vapeadores, que se han popularizado como una alternativa “menos dañina” al tabaco tradicional, esconden sus propios riesgos. Aunque se comercializan como dispositivos que contienen principalmente saborizantes y nicotina, investigaciones han revelado la presencia de otras sustancias altamente tóxicas con riesgos para la salud e incluso mortales.
La iniciativa de prohibir la producción, distribución y enajenación de drogas sintéticas y vapeadores, puede parecer radical; sin embargo, es una respuesta a la urgencia de proteger la salud pública ante el avance descontrolado de estas sustancias y dispositivos.
Frente a la magnitud de la crisis que representan el fentanilo y los vapeadores, esta reforma constitucional se presenta como un esfuerzo para establecer límites claros y efectivos que salvaguarden el bienestar colectivo.
La propuesta, si bien tiene un fundamento noble en la protección de la salud, revive el debate sobre las políticas de prohibicionismo y sus efectos. Históricamente, el prohibicionismo, particularmente en el contexto de las drogas, ha tenido resultados mixtos. Por un lado, intenta limitar el acceso y reducir el consumo de sustancias perjudiciales, pero por otro, puede llevar al surgimiento de mercados negros, incrementando la criminalidad y la violencia sin que necesariamente se disminuya su consumo.
La experiencia con el prohibicionismo ha mostrado que las medidas punitivas por sí solas no son suficientes para abordar problemas complejos relacionados con la salud y el consumo de sustancias.
La reforma constitucional propuesta podría robustecerse con un enfoque más integral, que considere la prohibición, así como las causas fundamentales del consumo de sustancias, ofreciendo alternativas saludables y oportunidades para el desarrollo personal y comunitario, especialmente para los jóvenes.
Un enfoque equilibrado que combine la aprobación de esta reforma, así como una mejor regulación, educación, prevención, tratamiento y rehabilitación, ofrecen una solución más efectiva para abordar los riesgos asociados con el consumo de sustancias tóxicas y drogas sintéticas. Además, es crucial garantizar que las medidas adoptadas eviten criminalizar a los consumidores, que ofrezcan apoyo, así como acciones para su tratamiento y rehabilitación.
El debate de las ideas para la aprobación o rechazo de esta propuesta debe ir más allá de los colores partidistas, por lo que, es deseable que los legisladores se muestren a la altura de lo que el país y la salud de los mexicanos necesita. Esperemos que la polarización política no impida ver la trascendencia de esta reforma.
