La Línea 12 del Metro en la Ciudad de México está llamada a ser, sin duda alguna, el fraude más grande y escandaloso cometido en contra de la ciudadanía chilanga desde la fundación del Distrito Federal en 1824.
De 15 mil millones de pesos de costo original, a la conclusión de la obra, esta se disparó a más de 26 mil millones de pesos contantes y sonantes, pesos que pagamos los habitantes de esta muy noble y leal ciudad con nuestros impuestos tanto locales como federales.
Hablamos de una desviación de recursos o de una malversación o de un desfalco o de un hurto abierto o de una estafa o de un peculado más o de una apropiación indebida de 11 mil millones de pesos y, sin embargo, no ha habido una sola señal de protesta de la sociedad que vio robados sus ahorros depositados en las arcas de la tesorería de la capital de la República. Extraño, ¿no? Tal vez no tanto porque mis queridos paisanos tampoco protestaron con los fraudes de Moreira, de Fidel Herrera, de Sabines, de Natividad González Parás ni del “gober precioso, en Puebla, ni de Ulises Ruiz ni de Godoy, entre otros tantos, tantísimos más…
Pero, ¿por qué sorprendernos si la terminal 2 del aeropuerto capitalino costó más de 8 mil millones de pesos, una cifra tan absurda como desproporcionada para una obra que se terminó con 17 meses de atraso y ahora, además, se hunde y nunca nadie protestó? En este gigantesco desfalco no hubo inhabilitados, como tampoco los hubo en el caso de la famosa Estela de Luz que costó mil 300 millones de pesos, casi 200 por ciento más del presupuesto original y, por supuesto, tampoco vimos ni siquiera uno que otro triste inhabilitado…
La autoridad capitalina decidió inhabilitar a un cierto número de exfuncionarios del gobierno anterior de la ciudad e iniciar una acción penal en contra de otros tantos más por las malversaciones escandalosas de fondos que tenían que haber sido destinados a la Línea 12 del Metro. Por si lo anterior fuera insuficiente, todavía habría que agregar que, o los trenes no fueron los adecuados o las vías no eran las idóneas, además de que se asignaron directamente sin licitación alguna. Los delitos y la incapacidad saltan a la vista.
Si realmente el jefe de Gobierno como el procurador capitalino hubieran deseado impartir justicia e intentar la vía jurídica, apartándose de la política, la mañana de ayer no tendríamos que habernos desayunado con la noticia de la inhabilitación, sino que tendríamos que haber visto retratados, tras de las rejas, a los culpables de esta pavorosa defraudación perredista.
¿Qué implica la inhabilitación? La prohibición de ejercer un cargo público durante un determinado número de años. Semejante castigo, por llamarle de alguna manera, es irrelevante porque mientras tanto los pillos seguirán gozando del dinero mal habido en sus fabulosos “condos” en Miami, o manejando sus Ferraris en la Costa azul o volando en sus ostentosos aviones Challenger jugando cínicamente con la geografía a su gusto.
Claro que la SHCP resultará incapaz de aplicarles a estos siniestros ladrones la ley de lavado de dinero ni podrá obligarlos a pagar la tasa del 35 por ciento del impuesto sobre la renta.
Mientras redacto estas líneas todavía puedo escuchar las carcajadas de los inhabilitados mientras brindan con flautas de champán en el París de sueños…