Todo indica que los diputados del Congreso local terminarán por definir la fecha y la forma en que el mandatario rinda su cuarto informe de gobierno. Los legisladores rechazaron la solicitud de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco de presentar su informe ante el pleno el próximo 11 de octubre.
Aunque en un primer momento, se argumentó que el voto en contra de 33 diputados fue porque el gobernador no consultó la fecha, posteriormente la respuesta oficial fue que se quiere evitar que el cuarto informe se cruce con el proceso de sanción en contra del mandatario.
De momento, los diputados quieren manejar la agenda política, sobre todo los de la bancada emecista, por lo que proponen que “El Bronco” adelante su asistencia al legislativo para los días 7, 8 o 9 de octubre.
El presidente de la Comisión Anticorrupción, Arturo Bonifacio de la Garza, señaló que durante las próximas semanas habrá actividad y probablemente avances sobre las reglas procesales de la sanción al mandatario.
Tal parece que la intención es que los avances en cuanto a la sanción sean presentados en las fechas inmediatas tras el informe, lo que se entiende como un intento de golpeteo político.
Los legisladores parecen muy confiados en que podrán sacar adelante una sanción ejemplar, aunque lo cierto es que las reglas procesales aprobadas en la comisión son muy vulnerables jurídicamente, y eso lo saben los abogados del gobernador y del secretario de Gobierno, Manuel González, por lo que es posible que el cálculo político de los diputados al final pueda volver en su contra.
Samuel pasa por alto división de poderes
Si bien el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Suprema Corte de la Nación no resuelve controversias en materia electoral, tal como lo asegura el senador Samuel García, el legislador omitió en su comunicado el apartado H que precisamente habla de la división de poderes.
“Dos poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales”, es decir, sobre la relación entre Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ninguno es el superior jerárquico de uno a otro por un acto.
La controversia constitucional que promueven el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el secretario de Gobierno, Manuel González, que ya está revisando la Suprema Corte, se basa en que que el Congreso no es el superior jerárquico del Ejecutivo.
Los funcionarios estatales buscan que los magistrados declaren al Poder Legislativo como incompetente para la sanción.
Llama la atención que el senador emecista omita criterios de la Constitución, y más cuando se trata de la división de poderes, que es parte de la democracia en México.
El error del equipo jurídico del mandatario estatal podría radicar en que el legislador federal se adelantó en interponer la controversia, pues aún no ha ha sido emitida la sanción.
