IEPS a Refrescos en 2024 

El reciente anuncio del ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre los refrescos para 2024 ha abierto un nuevo capítulo en la lucha que parece tener el gobierno de AMLO contra el consumo de productos dañinos para la salud. Según estimaciones del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), este ajuste, contemplado en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) de 2024 y en respuesta a un previsto efecto inflacionario del 4.7 por ciento, busca actualizar las cuotas impositivas aplicadas a estos productos. En particular, las bebidas saborizadas enfrentarían, se estima, un incremento en el gravamen de 1.5086 pesos por litro. Bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, la administración ha arremetido de manera contundente contra productos nocivos y ha evidenciado una estrategia de desincentivar su consumo a través de incrementos fiscales. El IEPS a refrescos se ha manifestado como una herramienta efectiva para moderar el consumo de estos productos, que hasta antes de su implementación en 2014, crecía anualmente en un 2 por ciento. Posterior a este impuesto, el panorama cambió drásticamente, reflejándose en una disminución anual del 4.7 por ciento.

Esta táctica, lejos de ser arbitraria, responde a un escenario sanitario preocupante: México lidera las estadísticas mundiales en consumo de refrescos, según datos de la Universidad de Yale, con un estratosférico promedio de 163 litros por persona al año. Este hábito de consumo se traduce en estadísticas de salud alarmantes, con aproximadamente 24 mil mexicanos que pierden la vida anualmente a causa de enfermedades vinculadas al excesivo consumo de azúcares y productos nocivos. Coca-Cola, encabezada en México por Luis Felipe Avellar, es la empresa que disfruta de una supremacía en el mercado con un dominio del 72.8 por ciento de las ventas, y ya ve amenazada su rentabilidad en el país por estos impuestos. No obstante, en este escenario, la salud pública está en la balanza. El área de Chiapas es un desgarrador reflejo de esta realidad, a que se trata de la región con el mayor consumo per cápita de Coca-Cola a nivel mundial; la zona ha visto cómo la diabetes mellitus se erigía como la principal causa de muerte en la última década, misma que afecta directamente la calidad de vida y expectativas de sus habitantes.

El escenario fiscal es otro capítulo en este relato: en años previos la recaudación a través del IEPS aplicado a productos perjudiciales para la salud, como los refrescos, se posicionó en cifras elevadas y alcanzó los 148 mil millones de pesos en un año, que para ponerlo en perspectiva, es casi cuatro veces el presupuesto anual de la UNAM. Para el presente año fiscal, las expectativas apuntan hacia una recaudación de 190 mil 647 millones de pesos en este rubro. Es crucial mencionar que la resistencia de grandes corporaciones como Coca-Cola y Pepsico México, que preside Roberto Martínez y que argumentan que estos impuestos afectan desproporcionadamente a los hogares más pobres, es contrarrestada por estudios que indican que, paradójicamente, son estos mismos hogares los que se benefician más de estas medidas. La disminución de casi un 17 por ciento en el consumo de bebidas azucaradas en la población más vulnerable tras la implementación del impuesto es una cifra que habla por sí misma, además de la notable reducción en la brecha de consumo calórico y la disminución de gastos en salud al prevenir enfermedades crónicas relacionadas.

En este contexto, el gobierno de AMLO parece haber sentado una postura firme e inquebrantable contra el consumo de productos perjudiciales para la salud. Falta ver si en 2024 se reactiva la propuesta que desde hace un par de años lanzó la diputada morenista Laura Imelda Pérez, quien no solo ha subrayado sino también insistido fervientemente en “actualizar y elevar” dichos gravámenes, justificándose con el argumento de que los impuestos actualmente a productos dañinos para la salud no logran coartar su consumo de una manera efectiva. El futuro permanece en la balanza, donde las decisiones inminentes podrían modelar el panorama de la salud y la fiscalidad en México.

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