Hospitales Público-Privados: un espejismo por la igualdad en la atención médica
En la tabla de calificaciones de la OCDE, México obtiene una calificación deficiente en cuanto a la disponibilidad de camas hospitalarias: apenas 0.7 por cada mil habitantes. Comparado con el promedio que es de 4.8, mientras que la recomendación de la OMS es de 8 por cada mil, a todas luces nuestro país se queda corto.
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca y Tlaxcala son los estados con menos número de camas, con sólo 0.5 por cada mil habitantes. En contraste, la Ciudad de México concentra el mayor número, con 1.7 camas por cada mil habitantes. Tristemente, los estados del sur y sureste de nuestro país, que han soportado durante años un mayor rezago social, son también los que enfrentan una creciente desigualdad en el acceso a los servicios de salud.
El panorama resulta sombrío: una creciente demanda de enfermos y una escasa cantidad de camas hospitalarias. Aquellos que necesitan atención médica tienen serias dificultades para obtenerla, siendo los estados más desfavorecidos socialmente los que más lo sufren.
En las últimas administraciones, se promovió la creación de hospitales bajo el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP), como una forma de combatir la desigualdad en el acceso a los servicios de salud. Se argumentó que los hospitales privados ofrecen mejor calidad que los públicos y por ende, la administración de un hospital público debería delegarse a la iniciativa privada.
Bajo este modelo, una empresa privada firma un contrato a largo plazo con el gobierno para “arrendar” un hospital y todos sus servicios, mientras que el gobierno aporta el personal médico y paramédico para brindar la atención médica. Este contrato usualmente se extiende por 25 años, durante los cuales el gobierno debe pagar una cantidad fija mensual, utilice o no las instalaciones.
Existen nueve hospitales bajo este esquema en el IMSS, ISSSTE y Secretaria de Salud. Los pagos por la renta anual rondan los 354 millones de pesos del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, y hasta los mil 476 mdp del Hospital General del ISSSTE en Tláhuac, Ciudad de México. Estos pagos, con sus respectivas actualizaciones, se mantendrán durante 25 años.
Los resultados bajo este esquema son cuestionables. En la mayoría de los casos, la ocupación hospitalaria es baja y en el mejor de los resultados es del 70-80 por ciento y, sin embargo, el gobierno debe seguir pagando la “renta” mensual.
Quien parece beneficiarse es la iniciativa privada. El gobierno adeuda 98 mil mdp por 25 años de renta de estos hospitales. Tal como señaló el presidente López Obrador: “son buenos negocios para estos empresarios, pero muy malos negocios para los mexicanos”.
La salud de los mexicanos es un bien invaluable, esencial para la vida misma. El gobierno tiene la obligación de garantizarla. Los hospitales en APP fueron presentados como una luz de esperanza en la búsqueda de igualdad en la atención médica. Pero, ¿son realmente la solución o simplemente un espejismo en el desierto de la desigualdad sanitaria en México? Quien asuma la presidencia en la próxima administración deberá estar pendiente a estos esquemas de arrendamiento.
Por lo pronto, el fortalecimiento de la salud pública, mediante la exploración de comprar de estos hospitales a las empresas privadas, parece ser una solución adecuada.
