Para los que buscan a García Luna podría serles útil el dato.
Nos reportan que el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, ya no se encuentra en Miami, sino en España.
Y no es que a García Luna le haya nacido de pronto la afición por las corridas de toros, o que el famoso guionista ande de peregrinación por el camino de Santiago.
Nos dicen que la razón del súbito cambio de residencia es que ya se dio cuenta que el territorio estadounidense no le servirá de santuario.
Si no pueden, que renuncien
Los hechos violentos ocurridos ayer en Chilpancingo parecen darle la razón a quienes hace tres semanas advirtieron que Guerrero es un estado fallido.
Y es que el gobierno de Ángel Aguirre ha demostrado su incapacidad para garantizar el orden y la paz social en su Estado.
¿Cómo puede firmar el gobierno del estado un “convenio” con grupos armados para legitimarlos como si se tratara de autoridad legalmente constituida?
¿Cómo fue posible que las hordas de vándalos de la CNTE incendiaran el edificio del PRI en el estado sin que ninguna autoridad estatal tratara siquiera de impedirlo?
¿Por qué la autoridad estatal ni siquiera trató de impedir las agresiones en contra de las instalaciones del PAN, PRD y de algunos edificios del gobierno local?
Se hace urgente y necesario que el gobernador Ángel Aguirre, en lugar de actuar después del “niño ahogado”, se ponga las pilas y atienda ya los exhortos que le ha venido haciendo el diputado Manlio Fabio Beltrones.
Se trata de que intervenga “para evitar que siga imperando el clima de hostilidad y agresividad en Guerrero”.
Y no nada más de castigar los delitos cuando ya se cometieron, sino también de impedir que se cometan.
Si la autoridad local no puede, o no quiere, que renuncie o desaparezca.
¿Un pacto para que se aplique la ley?
No deja de ser ridículo que los presidentes de los partidos se hayan reunido con el secretario de Gobernación para blindar los programas sociales e impedir que sean usados con fines electorales.
Y es que en las leyes federales y locales existen ya muchas disposiciones para castigar los delitos electorales.
El problema es que esas leyes no se aplican.
