Falsificación en Grupo GICSA

En enero del 2025, la compañía llevó a cabo una asamblea de accionistas en la que se acordó iniciar el procedimiento para enlistarse como empresa pública
Julio Pilotzi Julio Pilotzi Publicado el
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En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en la Bolsa Mexicana de Valores, dan seguimiento puntual al caso de supuesta falsificación y alteración de documentos por parte de los accionistas de Grupo GICSA, una de las empresas más relevantes del sector inmobiliario del país.

A detalle, la firma que dirige Abraham Cababie habría alterado documentos para enlistarse como emisora en la bolsa, lo que derivó ya en un procedimiento judicial que se encuentra en el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que preside la magistrada Gabriela Eleonora Cortés Araujo.

El problema además alcanzará instancias internacionales, pues Grupo GICSA se colocó también en la Bolsa de Nueva York, el mayor mercado de valores del mundo.

Específicamente, en enero del 2025, la compañía llevó a cabo una asamblea de accionistas en la que se acordó iniciar el procedimiento para enlistarse como empresa pública; sin embargo, en marzo de ese mismo año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hizo ajustes a la documentación presentada que obligaba a los accionistas mayoritarios, Elías Cababie Daniel y Jaime Dayán Tawil, a convocar a una nueva asamblea.

El problema fue que esa segunda asamblea nunca se llevó a cabo, y los documentos que se presentaron para concluir el trámite contienen la misma acta de enero, con las modificaciones posteriores; entre ellas la creación de un fideicomiso en Grupo Financiero Actinver, en el que depositaron las acciones de la compañía.

Este último hecho derivó en una demanda que llegó a la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y se asentó ahora en el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde están por emitir una resolución sobre el caso.

En el Grupo GICSA hay otros problemas que se acumulan, pues los procedimientos civiles y penales que enfrentan no han sido informados como eventos relevantes a sus inversionistas de la Bolsa, lo que resulta violatorio del Artículo 105 de la Ley del Mercado de Valores.

Plazas a modo INAH

En el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que encabeza Diego Prieto Hernández, se “saltan” sus propios reglamentos, leyes y protocolos en cuanto a concursos de plazas cuando no resultan ganadores quienes ellos presuntamente quieren, en contraposición de los principios de transparencia de la 4T, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Y es que le cuento que, en febrero de este año que está por terminar, se emitió la convocatoria para realizar un concurso de oposición abierto para siete plazas de arquitecto conservador, especializado y dictaminador, las cuales, la convocatoria emitida por la Secretaría de Cultura, hoy encabezada por Claudia Curiel de Icaza, además del INAH, especifica que son con carácter.

Las plazas, ubicadas en diferentes estados del país, fueron adjudicadas una vez que los postores pasaron una evaluación de conocimientos y la presentación de un proyecto, el cual fue evaluado por un jurado y la supervisión de la Comisión Central Mixta de Admisión de Arquitectura del INAH.

Sin embargo, resalta el caso de una de las plazas del arquitecto dictaminador, la cual fue asignada al Centro INAH Jalisco, encabezado por Alicia García Vázquez, resultando una arquitecta ganadora, la cual cumplió con todos los requisitos y aprobaciones para ocuparla.

Una vez realizada la contratación de la arquitecta en cuestión, se presentó a laborar, como los documentos en mi poder indican, el 2 de octubre pasado, encontrándose con diversas situaciones de discriminación laboral en dicho centro INAH, ubicado en Guadalajara, Jalisco.

La grilla en contra del ganador llegó hasta el escritorio Diego Prieto Hernández, que luego de haber convocado a una revisión del proceso concursal y no obstante determinar que la arquitecta en cuestión cumple con todos los requisitos del reglamento de Admisión y no ha incurrido en ninguna de las causales mencionadas en las Condiciones Generales de Trabajo del INAH en los artículos 28 y 31, 32 y 50, relacionadas con enfermedades contagiosas, mal comportamiento, abandono de labores o daños a instalaciones, entre otros, le fue determinada la separación del cargo sin justificación alguna y violentando sus derechos laborales sin ninguna explicación, por lo que el caso está ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), que encabeza Raquel Buenrostro, quien será quien investigue y determine lo subsecuente.

La decisión de Diego Prieto fue sin más separar del cargo a la arquitecta a dos meses de haber sido contratada, recordemos, de manera definitiva, y ordenar un nuevo concurso de la plaza.

Sin embargo, esta separación se dio sin ninguna explicación, u oficio de por medio, ya que solo le fue comunicado de manera verbal que por una decisión desde Ciudad de México, ya no se presentara a trabajar, por lo que hasta ahora las causas son desconocidas, es decir, parece ser una decisión sacada de la manga para quedar bien con el sindicato en Jalisco. El cuestionamiento es, ¿a quién buscaban beneficiar con esa plaza en el INAH Jalisco?,

¿Qué intereses se tocaron para tomar la decisión de separar del cargo a un servidor público que cumplió con todas las de la ley para llegar a esa plaza?, ¿Por qué no se realizó un proceso de investigación en que la parte afectada aportara pruebas en su favor? Nada garantiza ahora que en el nuevo concurso se respeten las leyes del INAH, pues están las pruebas de que no es así. Por lo pronto, desde este espacio daremos seguimiento puntual a este caso.

Voz en Off

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