La ofensiva contra el robo de hidrocarburos ya alcanzó, según el gobierno federal, al menos a un exdiputado, un exalcalde, un exfuncionario de Pemex y a algunos empresarios. Además, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto adelantó que hay miles de reportes por lavado de dinero vinculado con esta práctica. Pero una de las dudas que surgen a raíz de esta estrategia es si la justicia también llamará a cuentas a exfuncionarios de primer nivel como Carlos Treviño, exdirector de Pemex, quien podría resolver algunos cuestionamientos como la entrega de alrededor de 4 mil concesiones nuevas para gasolineras, o los permisos de importación que se aprobaron durante su gestión. ¿A quienes se entregaron estas concesiones? ¿Bajo qué argumentos? ¿Estaba al corriente Treviño de la infiltración en la empresa productiva del Estado? Si sabía, ¿por qué no denunció? y si no sabía, ¿por qué no estaba enterado?
Rompimiento esperado
El rompimiento entre el Ejecutivo y el Poder legislativo con las organizaciones de la sociedad civil iba a ocurrir más temprano que tarde, las diferencias entre las políticas públicas y las formas de ejercer el Gobierno por parte de la administración federal y los legisladores por un lado y la agenda de la sociedad civil por el otro eran evidentes. La negativa de las organizaciones que conforman el colectivo #FiscalíaQueSirva a participar en la comparecencia de los candidatos a fiscal general ante la Comisión de Justicia en el Senado fue el epílogo de una serie de desencuentros entre ambas partes. La principal razón de las organizaciones es que se niegan a participar en un proceso ‘al vapor’, en el cual se han sentido utilizadas para legitimar decisiones ya tomadas de antemano. Eso sí, se niegan a ser comparsa, pero reafirman su intención de convertirse en contrapeso.
Otra oportunidad para la justicia
La instalación formal el día de hoy de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, abre una nueva esperanza para los familiares de los normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de por fin llegar hasta el fondo de la desaparición de los estudiantes. El reto para el Gobierno federal es mayúsculo, pues se trata de una tragedia que marcó el sexenio anterior y que persiguió a Enrique Peña Nieto hasta el último día de su gobierno. La tarea de Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación es titánica. Atentos.
