Sin embargo, de caer en moratoria, sí estaríamos hablando de un problema de mayor magnitud.
El pasado 30 de junio el gobierno argentino no pudo liquidar exitosamente sus obligaciones de deuda con sus acreedores. Lo anterior después de perder una disputa legal en Estados Unidos con manejadoras de fondos tenedoras de obligaciones de dicho país.
El conflicto no es reciente, data del 2005 en donde el gobierno argentino logra reestructurar el pago de su deuda, después de haberse declarado en moratoria en el 2001.
Un grupo de acreedores privados y grupos financieros no aceptaron dichas condiciones y decidieron llevar el conflicto a otras instancias.
En el 2012 un juez federal en Nueva York falla en favor de las financieras y obliga al gobierno argentino a liquidar su deuda con dichos acreedores.
En días pasados la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos desechó la apelación del gobierno argentino y lo obligó a liquidar su deuda.
El pasado 30 de junio se congeló el pago a tenedores de deuda realizado por Argentina, lo anterior por no haber cumplido antes con el mandato de la Suprema Corte. Si no realiza dicho pago antes del 31 de julio, el país se habrá declarado de nuevo en moratoria.
El gobierno de la presidente Cristina Fernández ha condenado el hecho y afirma que no se saldrán con la suya los fondos “buitres”, que afirma solo buscan comprar deuda barata de países con problemas y reclamar el pago completo del principal.
Uno de los pilares en los que se finca la popularidad del régimen kichnerista es precisamente por haber hecho frente al problema de moratoria al que se enfrentó Argentina en el 2001. Caer de nuevo sería un retroceso sensible.
Lo increíble es la buena prensa que tuvieron por años las políticas de la presidente Fernández y de su difunto esposo, y cómo 13 años después solamente los regresaron a donde comenzó todo el problema.
Un auge económico fincado en el precio de materias primas, poca (o nula) transparencia en el cálculo y divulgación de los principales indicadores económicos, la violación de la independencia del banco central y el ministro de economía demagogo con mayor manejo de las cámaras, que de los indicadores del país.
De igual forma, el intervencionismo del gobierno en regular los precios de los bienes en forma artificial, así como las tasas de interés, los programas sociales clientelares y el arreglo institucional que favorece a la corrupción.
A eso le podemos sumar el poco respeto a la alternancia y libertades políticas, la vulneración del derecho de propiedad privada y los lugares comunes en los discursos presidenciales, culpando a todos de su anémica economía.
La anterior es la fórmula de todas las crisis económicas en Latinoamérica. Estos son los ingredientes de la crisis actual en Argentina. El problema es que ya se han vuelto recurrentes estas crisis en el país sudamericano.
Lo preocupante también es la buena prensa que tienen estas políticas en nuestra región. Políticas populistas como la regulación de precios, tasas de interés y programas sociales clientelares, son tentaciones recurrentes en los políticos latinoamericanos para aumentar su influencia y popularidad.