El diablo podrá estar en los detalles, pero el narco también.
Las elecciones del próximo 5 de junio están a la vuelta y 11 de 12 gubernaturas penden de un hilo. Esto porque salvo por Hidalgo, en las que el priista Omar Fayad aventaja considerablemente, todo puede pasar.
Y es que, la infiltración del narco en las elecciones no es cosa nueva; recursos, amenazas, campañas negras, etc. Lo que sí es nuevo es la narcografía del país a más de la mitad del mandato de Enrique Peña Nieto. Con la caída de algunos de los líderes del narco más relevantes, como “El Z-40”, “El Chapo”, “El Coss” y “La Tuta”, la recomposición de la geografía del crimen organizado cambió. Ese es el verdadero cambio visible y tangible en la guerra contra el narcotráfico, iniciada por Calderón y continuada por Peña Nieto.
Porque si bien es cierto que en las elecciones intermedias –como en todas las elecciones en México de por lo menos las ultimas dos décadas– hay mano negra, la importancia de las gubernaturas tiene una particularidad.
Me explico, el narcotráfico sobrevive y se alimenta de las instituciones del Estado. Y es la semilla tóxica y contagiosa de la corrupción la que hace posible que el crimen organizado se convierta en un Estado paralelo. Las rutas de trasiego, la complicidad y encubrimiento de todo tipo de actividades ilícitas que financian al narcotráfico permean a todos los niveles de gobierno.
Por ello, que en los Estados, que cuentan con unas estructuras de seguridad y financiamiento, son el escenario perfecto para las operaciones criminales.
Las policías infiltradas, contratos de obra pública a empresas consolidadas por el narco para lavar dinero, y la influencia del gobierno estatal sobre los municipios hacen que para el crimen organizado las entidades federativas sean no sólo una bastión si no un activo en el cual vale la pena invertir.
Lo que representa un Estado para el crimen organizado es de tal importancia que las organizaciones criminales han ido un paso más allá. Ya no sólo dirigen millones de pesos a las campañas y coercionan a la ciudadanía y a los candidatos, sino que operan ya a nivel estratégico, recomendando a sus candidatos sistemas de inteligencia y monitoreo, estrategas electorales y publicidad en sitios específicos. En otras palabras, el narco ha evolucionado y cambiado las reglas del juego poniendo todos sus recursos y capacidades al servicio de sus preferidos.
No hay que olvidar, que ante una narcografía un tanto indefinida las próximas elecciones marcarán un parteaguas en el último trecho de la administración de Peña Nieto por dos razones.
Primero, los pronósticos indican que los dos últimos años del Presidente bien podrían ser los más sangrientos de su mandato ante la recomposición del mapa del narcotráfico. Y, segundo, porque el crimen organizado, así como muchos actores políticos, ya tienen la mira puesta en el 2018.
Afincarse y consolidar el dominio de sus respectivos cárteles en los estados es el objetivo prioritario de estos grupos, para desde ahí pavimentar el camino a la próxima elección presidencial. Desarrollando alianzas político-empresariales, redes de colusión y todo un aparato de poder para ponerlo a disposición del mejor postor o el mejor posicionado.
Por eso hay que poner atención a los detalles en este cierre de campañas políticas, por que es de asombro ver hasta dónde ha llegado la mano del narco, el mismo narco que está en los detalles.