Pegasus, el programa que hoy está de moda por la denuncia que por espionaje hizo un grupo de activistas y periodistas, no es desconocido en Nuevo León.
El Gobierno de Nuevo León habría comprado este malware a una de las empresas filiales de la empresa israelí NSO Group para intervenir aparatos telefónicos.
Fue el mismo gobernador Jaime Rodríguez, quien en enero pasado en una conferencia de prensa presumió en un arrebato que su gobierno contaba con la capacidad tecnológica para identificar y ubicar a los regiomontanos que utilizaban las redes sociales para provocar caos en las manifestaciones contra el gasolinazo.
Lo que se sabe es que desde el año pasado, representantes de la empresa Balam Soluciones de Seguridad, representante en México de NSO Group, contactaron al gobernador nuevoleonés para ofrecer el malware conocido como Pegasus.
El Poder Judicial del Estado nos aseguró que ningún juez en Nuevo León ha autorizado en los últimos meses ninguna orden para intervenir las comunicaciones de un nuevoleonés.
En conclusión: si algún funcionario del Gobierno del Estado está utilizando este programa espía lo está haciendo de manera ilegal.
No habrá Ley Electoral
La Diputación Permanente del Congreso del Estado sesionará hoy y convocará a un periodo extraordinario esta misma semana porque le urge aprobar en segunda vuelta la Ley Electoral de Nuevo León.
El tiempo se le vino encima a los coordinadores del PRI y PAN, Marco González y Arturo Salinas, respectivamente.
Porque aunque los diputados aprueben esta misma semana los cambios en la Ley Electoral estatal, el Ejecutivo buscará por todos los frentes retrasar su publicación para que no entre en vigor antes del 7 de julio y no sea válida para las elecciones del 2018.
Hay que recordar que el gobernador Jaime Rodríguez se opone a la nueva Ley Electoral –no tanto porque no se garantizó el tema de la equidad de género- sino por el asunto de las candidaturas independientes. Nos aseguran que Salinas anda operando en el Tribunal Electoral del Estado para buscar presionar al gobernador Jaime Rodríguez para que publique en tiempo y forma el decreto de la nueva Ley Electoral y no se tome los 30 días que tiene para hacerlo.
Un general despistado
El general Arturo González tiene ya más de un mes como secretario de Seguridad Pública del Estado, pero como que todavía no se acopla a su nuevo cargo.
Ayer en la primera reunión que tuvo el militar con los mandos policiacos de los municipios tuvo un desliz que no pasó desa-percibido por los presentes.
Resulta que el secretario de Seguridad en varias ocasiones dejó entrever a los secretarios municipales que tanto ellos como sus policías están bajo la subordinación de su mando.
Que alguien le aclare a don Arturo que Nuevo León no es Tlaxcala.
