Pareciera que en el Gobierno Federal no se han dado cuenta de que el primero de julio perdió el PAN y que, en menos de cinco meses, el presidente de la República ya no será Felipe Calderón.
Y es que a menos que la procuradora general de la República, Marisela Morales, sea ratificada en su cargo para el próximo sexenio, es difícil entender por qué dice lo que dice, y hace lo que hace.
Ahora resulta que la razón que dio la Procuraduría General de la República el 28 de junio para extender el arraigo del general Tomás Ángeles fue desechada, y reemplazada por otra que nadie conoce.
Hace menos de 15 días, la PGR anunció que una persona que hizo una llamada telefónica anónima acusó al general Ángeles de promover el narcotráfico en instalaciones militares.
“Como director del Colegio Militar fomentaba el narcomenudeo entre el personal de tropa o cadetes. Personal que no acatara sus órdenes era dado de baja o relacionado con el narcotráfico, cuando no tenían nada que ver con eso, para hacerlos a un lado, simplemente por no entrar al negocio, estando como director del Colegio”, se dijo.
Pero ahora resulta que siempre no.
“Es una denuncia anónima que se tiene que verificar, y al hacerlo, no resultó positiva esta información, y evidentemente no forma parte ya de la investigación por la que se encuentra actualmente bajo la medida cautelar de arraigo”, explicó la procuradora.
El acta que no firmó el Senado
Ayer se dio a conocer que México firmó un tratado internacional para combatir la piratería. Es el famoso ACTA.
La reacción del Senado de la República no se hizo esperar. El senador por Nuevo León Eloy Cantú Segovia informó que un grupo plural de la cámara se opuso terminantemente a la firma de ese acuerdo.
“La primera objeción consistió en que el Ejecutivo no informó oportunamente, como lo marca la ley, al inicio de la negociación de ese instrumento que limita la navegación libre por Internet”, dijo el legislador.
“Una segunda objeción es que contiene preceptos que violan libertades públicas o garantías individuales otorgadas por la Constitución, y también hay una invasión a la privacidad de las personas”.
La pregunta que el Gobierno Federal no ha contestado es cuál fue la razón que lo llevó a brincarse las trancas del Senado y de la Constitución a pesar de las repetidas objeciones que se le hicieron oportunamente.
Ahora nada más falta que, en un escueto comunicado, el gobierno informe que lo que se firmó es un acuerdo y no un tratado, por lo que no se requiere la ratificación del Senado.
Por más que el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, José Rodrigo Roque, ha tratado de defender el acuerdo por todos los medios, no ha podido convencer a nadie de las supuestas bondades del acuerdo que rechazaron la Unión Europea y Canadá.
¿Para qué sirve la FEPADE?
Mientras Carmen Aristegui y dos de sus reporteros descubrieron que los domicilios donde se pagaron 160 millones de pesos por las tarjetas a Monex son falsos, la FEPADE ni en cuenta.
Eso sí, la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Imelda Calvillo Tello, dijo que ya solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de Hacienda la información relacionada con Monex, Grupo Comercial Inizzio, Comercializadora Epfra y Soriana.
Ahora solo tiene que esperar a ver cuándo le contestan las dependencias, si es que lo hacen.
¿Conocerá Imelda Calvillo las facultades que la ley le concede a su fiscalía para integrar una averiguación previa?
