En medio de un gran revuelo político, en 1938, se recobró para México el uso soberano sobre energéticos fundamentales. Acto que en sí mismo encuentra dimensión y profundidad histórica, aunque fuera llevado al cabo violando las leyes y la Constitución, lo que no sólo profundizó la crítica situación financiera de la Nación, especialmente en cuanto al financiamiento externo, sino que la colocó como un destino poco atractivo para la inversión extranjera.
El apoyo popular de la medida fue y es indiscutible, el respaldo de los poderes fácticos innegable. Lo anterior y la poca o nula resistencia en tribunales por los afectados propiciaron un entorno que permitió a la Corte no entrar en detalles y así no dar marcha atrás a la medida, pero, en el corto plazo, solo la Alemania nazi pudo ser beneficiaria de la drástica medida, ya que el embargo petrolero establecido la convirtió en la compradora obligada del hidrocarburo nacional.
Las mermas de hidrocarburo con destino desconocido nacen con la paraestatal y han sido flagelo permanente desde entonces. Sin embargo el poco capital disponible, la mano de obra calificada sin dirigencia técnica y un gobierno saliente, provocaron que al menos la primera década de Pemex estuviera lejos de proveer aportaciones importantes al presupuesto público.
Socialmente alentadoras y políticamente vestidoras, pero con poca relevancia financiera, las aportaciones hechas por la población para pagar la indemnización, afrontaron un pasivo que duró décadas, siendo que no fue sino hasta tres sexenios después que la empresa petrolera comenzó a revertir los enormes costos nacionales de su forzada adquisición.
La Constitución no fue tocada para incorporar al nuevo ente energético, ni con Cárdenas, ni con quienes lo sucedieron. Su existencia fue prácticamente inconstitucional casi 50 años, hasta que de manera incidental De la Madrid, le dio cabida al modificar el artículo 25 del ordenamiento.
Su nacimiento tuvo que ver con la necesidad de crear contablemente un deudor distinto de la indemnización, ya que sumarla a la deuda del Gobierno Federal, tras varios incumplimientos de deuda pública, hubiera sido aún más destructivo de la capacidad para obtener financiamiento en el exterior.
Fue hasta principios de los 70s, ya con un instituto mexicano y con ingenieros formados en el país, que gozamos de las mieles del boom petrolero. Pero lamentablemente, antes del 82, se tomaron medidas relacionadas con la fijación internacional del precio que hundirían al país en un ciclo interminable de altas y bajas de las finanzas públicas. Andrés de Oteyza encontró su lugar en la historia, pero ahora, con otro nombre, regresa al escenario.
Tras 75 años el descentralizado está completamente capturado por intereses ajenos a los de los mexicanos, muchos de ellos blanquiazules, los cuales necesitan una reforma que venga a legitimar lo que debajo de la sabana -y bajo jurisdicción extranjera- firmaron a espaldas de los mexicanos. Los culpables? ¡Bien, gracias!