Si algo debe quedarnos completamente claro acerca del Parlamento Abierto que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados sobre la iniciativa de Reforma Eléctrica, es que no fue organizado para defender el marco legal vigente ni la propuesta hecha recientemente. Hubiera sido un desperdicio y una simulación.
La verdadera dimensión de este histórico ejercicio democrático en el ámbito parlamentario es de los más amplios alcances. Se trata de lograr un proyecto de todo México, que concilie los intereses de todos, que garantice el derecho a la energía eléctrica de todos, que subsane errores, pasados o presentes, y las posibles deficiencias futuras.
Y esto, por supuesto, requiere la voluntad de quienes lo organizaron (los partidos políticos representados en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados) de coincidir, de ceder, de lograr acuerdos, anteponiendo el desarrollo de México a cualquier postura ideológica que no sustente con suficiencia técnica su propuesta, acorde al potencial generador del país, a la política pública de energías limpias y a nuestros compromisos internacionales.
La respuesta a las diversas convocatorias a participar en los foros de Parlamento Abierto ha rebasado las expectativas. Los mexicanos están atentos, quizá como nunca antes, a este esfuerzo parlamentario por obtener el mejor proyecto.
La voluntad para respetar el extenso interés que ha despertado el Parlamento se ha traducido en su ampliación, para escuchar a más empresarios, gobernadores, especialistas en finanzas y líderes de opinión.
Esa misma voluntad deberá mostrarse en congruencia respecto de los tiempos para elaborar el gran proyecto, discutirlo y aprobarlo en el pleno, lo que deberá ocurrir, en su caso, en los momentos políticos adecuados, oportunos y neutros.
Hemos escuchado múltiples participaciones, la mayoría de ellas afortunadamente pertinentes y sustentadas en criterios técnicos en todos los ámbitos relacionados con la generación de energía eléctrica, y de muy diversa índole, de las que deben interesarnos especialmente, por supuesto, las que hacen crítica constructiva al marco legal vigente y a la iniciativa de reforma, es decir, aquellas que proponen soluciones.
Porque si la construcción de un proyecto de todos los mexicanos comienza con una amplísima convocatoria, la voluntad de llegar a acuerdos y de tomarse el tiempo que haya que tomarse para ello, debe terminar con el cumplimiento de la obligación de dar soluciones y la responsabilidad de todos de asumir las consecuencias.
Un proyecto de todos los mexicanos ya no es posible en el ámbito de la negociación política, sino de la conciliación de los más variados intereses manifestados en este Parlamento Abierto. Se trata, pues, de ciudadanizar la decisiones a través de los representantes de la nación, en el marco de una democracia social.
Y por ello, voluntad y responsabilidad son las claves, para que la simulación no lastime más a México.
