Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado gran relevancia por sus resoluciones apegadas a derecho y a favor de las normas y leyes constitucionales que rigen a nuestro país.
La Corte, recientemente invalidó la primera parte de la propuesta del “plan B” de reforma electoral del presidente de México, el cual se aprobó en la Cámara de Diputados federal, con evidentes violaciones a las normas del proceso legislativo, independientemente de los contenidos ampliamente cuestionados..
La resolución, molestó al presidente, a los diputados federales de Morena, PT y partido Verde, por que no concretaron su intención de aprobar las leyes que les instruyeron, aún cuando son, una evidente violación al proceso legislativo. —obediencia y lealtad a ciegas, sin importar las consecuencias–
Consecuencia de la resolución de la corte, desde el poder ejecutivo, las descalificaciones sin fundamento contra los ministros del Poder Judicial no se hicieron esperar. Los ataques han sido constantes y perjudiciales para la reputación de la Suprema Corte.
Por si fuera poco, la denostación presidencial, el presidente anunció con tono de amenaza, que enviará en 2024, proyecto de reforma, para que los ministros de la corte sean electos mediante votación popular.
La pretención del ejecutivo federal, lejos de ser un avance democrático, en realidad, esconde un plan perverso, antidemocrático y manipulador.
El proceso de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de vital importancia para la salud democrática de México.
Dicho proceso determina quién, cómo y bajo qué principios se interpretarán y aplicarán las leyes fundamentales del país. En este contexto, la propuesta de cambiar la selección de los ministros (que actualmente es a propuesta del ejecutivo y votada por el legislativo), a un esquema de elección popular, plantea en lo inmediato, una serie de preocupaciones legales, éticas y políticas.
En primer lugar, vale reconocer, el papel fundamental de la Suprema Corte de Justicia, como garante de la Constitución y la legalidad en el país. No se puede considerar de otra manera.
Esto requiere que los ministros sean profesionales de la más alta calidad, que indefectiblemente sean imparciales y autónomos respecto de los otros poderes del Estado. Evidentemente su trabajo, no es representar a una base electoral, como sí lo es, para legisladores, sino proteger y aplicar la Constitución, más allá de cualquier sesgo político o partidista.
El cambio, con un esquema de elección popular, podría comprometer seriamente la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial. Los ministros podrían verse tentados a tomar decisiones basadas en la popularidad o en intereses electorales, en lugar de cumplir con su responsabilidad, conforme a la ley y la Constitución General de la República.
En contraste, el actual sistema para la designación de los ministros, posibilita, un análisis detenido y especializado de los candidatos por parte del Congreso y el Ejecutivo, lo que puede ayudar, a garantizar su profesionalismo y aptitud para ocupar el cargo.
Finalmente, la idea de someter a elección popular a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, literalmente es un peligro para el poder judicial, en tanto que pondría en evidente riesgo, la autonomía, imparcialidad y profesionalismo que los Ministros de la Corte deben garantizar, por ser elementos imprescindibles para priviligiar el respeto al Estado de Derecho y la Constitución.
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