Durante esta administración la simulación constituyó la práctica más generalizada entre los servidores públicos, ello, dado la falta de experiencia y preparación de una buena parte de los designados para cubrir complejos cargos burocráticos.
El subejercicio de atribuciones ocasionó el estancamiento de importantes proyectos. No les quedó a muchos sino aparentar que desempeñaban sus cargos, pero, ingenieros en alimentación y química en puestos financieros en Pemex, explican absurdas decisiones de alto costo para el erario registradas en la paraestatal, asunto que constituye un botón de muestra.
Hay que recordar que en la de Francisco Gil Díaz, se transmutó un vicio administrativo en directiva gubernamental.
Se institucionalizó la forma más corrupta de usar recursos públicos. Se disfrazó el subejercicio de inducida “disponibilidad”. Ya no era sólo frenar o acelerar pagos como se hacía en Banxico en los 80 a cambio de dádivas, sino que se articuló un perverso mecanismo financiero para obstaculizar a los rivales y aventajar a los de casa.
Conforme al texto constitucional no hay duda, no existen las supuestas “disponibilidades”, que no son sino recursos a los que se les da un uso no autorizado antes de aplicarlo.
Esos caudales son manipulados con el apoyo de particulares, so pretexto de no tener ociosas las partidas presupuestales, gestando así riqueza no fiscalizada vía la generación de intereses. Tal maniobra busca dotar de una amplísima discrecionalidad al Ejecutivo Federal, sobre dinero que ni la ASF controla.
Con el tiempo se fueron ampliando los plazos de inversión. Millones de pesos se destinaron al subejercicio, distrayéndolos de su destino presupuestario, retrasándose, incluso, el pago de las participaciones federales.
Los platos rotos los pagaron los estados, proveedores y contratistas gubernamentales, quienes tenían que aceptar pagos demorados hasta de casi un año. El guardadito crecía.
Esa manipulación del dinero hizo brillar a ciertos políticos y desdoró a otros. Si bien es cierto antes existían rezagos y remanentes marginales, hoy esta simulación financiera concentra segmentos relevantes de las finanzas públicas, ocasionando la reasignación de hasta un tercio del presupuesto federal.
No se conformaron con inducir la existencia de remanentes, sino que esta administración creó una discrecional y opaca chequera paralela, con sacrificio de obras y servicios. Esa deleznable práctica fue acompañada de un esquema de reestructuración de la deuda pública estatal, rentable monopolio operado por Pedro Aspe, quien gozó del grotesco favoritismo oficial.
Estados ahogados por la deuda fueron liberados por un pase mágico instrumentado en la SHCP, que era solo reescrito en la empresa del consejero financiero. Así, Sonora, Durango y el Edomex pagaron la costosa invención de Volaris, en tanto que el DF supo disfrazar los pagos de una reestructura que en nada desmerece el endeudamiento de Coahuila.
Por eso, al actuario de los milagros, Ernesto Cordero, se debe aquel modelo en el que los estados no recibían las participaciones ni en monto, ni a tiempo, mientras que se premiaba a aquellos que se encontraban más endeudados mediante una discrecional reestructura. La moraleja era sencilla, el error era no estar endeudado.
No sólo no recibían las participaciones, sino que las ventajas oficiales eran para quienes ya habían entrado al juego del sobreendeudamiento.
Le pese a quien le pese, la deuda pública federal ha crecido peligrosamente bajo el manto de una reserva ficticia, y la deuda de los estados es evidente consecuencia del subejercicio presupuestario.